Hace una semana rectores de las universidades privadas se reunieron con el Ministerio de Educación (Mineduc) y en la cita se les indicó que se establecerían aranceles regulados para todas las instituciones que recibieran recursos del Estado, ya sea para gratuidad, becas o créditos.
Pero el proyecto finalmente sólo estableció un control para los valores de las carreras en los planteles adscritos a la gratuidad. A juicio del vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch), Aldo Valle, "obviamente se mantiene un sistema de libertad de precios para quienes no se adhieran. Mi opinión es que esa limitación no debería existir sólo para las instituciones que queden en gratuidad, sino para toda institución que recibe financiamiento público, ya sea con becas o créditos".
En tanto, el rector de la U. del Desarrollo, Federico Valdés, dijo que "los aranceles regulados iban a poner en peligro la subsistencia de muchas instituciones y le iban a quitar recursos al sistema, lo contrario a lo que se requiere para mejorar los estándares de calidad".
El cálculo de los aranceles regulados para la gratuidad se realizará de acuerdo a tipos de instituciones y grupos de carreras. Y será establecido por una comisión de expertos que tendrá siete integrantes elegidos por Alta Dirección Pública (ADP).
Además, el monto se va a establecer sumando "el resultado de multiplicar el valor del arancel regulado, por el número de estudiantes beneficiados en los programas de estudios" más "el resultado de multiplicar la diferencia entre el valor del arancel real más derechos básicos de matrícula al año 2015 reajustados y el del arancel regulado, por el número de estudiantes beneficiarios en los programas de estudios correspondientes al año 2017".
Control de matrícula
También habrá una regulación de las vacantes de primer año de las instituciones que entren en gratuidad. Para ello se tomará en cuenta el nivel de acreditación institucional, tipo de plantel, ya sea universidad, instituto profesional o centro de formación técnica y la cobertura regional.
Otra de las normativas apunta a que las instituciones que accedan al financiamiento por gratuidad, "deberán informar al Ministerio de Educación, en el plazo de un año a contar de su recepción, el uso de los recursos recibidos por este concepto".
El senador del PPD e integrante de la Comisión de Educación, Jaime Quintana, planteó que "independientemente de si una institución se somete o no a la gratuidad, debe cumplir con requisitos mínimos al recibir recursos del Estado, ya sea para becas o créditos y debe existir regulación en términos de aranceles".
A su juicio, pese a que esto no está en el proyecto es posible reponerlo en la discusión parlamentaria.
