El Presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, decidió finalmente levantar el estado de excepción, en Argelia, vigente, desde hace 19 años, según publicó hoy en su página web el boletín oficial del Estado.

La decisión del levantamiento de la normativa se adoptó el pasado martes en un Consejo de Ministros, después de que fuese anunciada como "inminente" hace varios días, y estaba pendiente de la publicación en el diario oficial.

La disposición, fuertemente criticada por los partidos de oposición y también por algunos diputados del gobierno, fue instaurada en Argelia el 9 de febrero de 1992, el día después de la tentativa de insurrección del Frente Islámico de Salvación.

Un año más tarde, el 6 de febrero 1993, el estado de excepción se prolongó por una duración indeterminada, oficialmente en razón de la necesidad de la lucha contra los grupos de rebeldes islamistas.

Sin embargo, desde el comienzo del 2000, numerosas voces, incluso algunos apoyos de Buteflika como el Movimiento de la Sociedad por la Paz se alzaron para reclamar su anulación.

Para estos partidos, la situación de seguridad interna del país ha mejorado notablemente estos últimos años, la amenaza terrorista se ha reducido y en consecuencia, el mantenimiento del estado de excepción no tenía ninguna razón válida.

El gobierno, por otro lado, fue acusado de utilizar esta medida para amenazar a la oposición, asfixiar la libertad de prensa y limitar las libertades individuales y colectivas.

La principal y la más importante limitación para la oposición argelina se relacionaba con la imposibilidad de organizar manifestaciones para formular reivindicaciones o protestas.

Incluso si el texto no especifica explícitamente que las manifestaciones de la oposición en la calles están prohibidas, las autoridades durante las últimos dos décadas han movilizado importantes fuerzas del orden para impedirlas, incluso por medio de la violencia y de la represión.

Estos dos últimos meses y particularmente desde los levantamientos en Túnez y en Egipto, la presión sobre el poder central de Argelia se ha acentuado considerablemente en relación con la exigencia del levantamiento del estado de excepción.

De ahora en adelante, el gobierno argelino no puede argumentar el estado de excepción para prohibir las actividades de la oposición a través del país, salvo en Argel.

Las marchas y las manifestaciones en la calle no están, de hecho, autorizadas en la capital en base a otra disposición, un decreto de junio de 2001 que, contrariamente al estado de excepción, está todavía en vigor.

El próximo sábado será una prueba para las autoridades argelinas y una ocasión para comprobar si el levantamiento del estado de excepción es una decisión aplicable efectivamente en la práctica.