El gobierno argentino pidió el lunes a la  Corte de Apelaciones de Nueva York que suspenda la orden dictada por el juez  Thomas Griesa de pagar al contado una deuda de 1.330 millones de dólares con  fondos especulativos, informó el Ministerio de Economía. 

"En el día de la fecha los abogados que representan a la República Argentina ante los estrados judiciales del estado de Nueva York presentaron un  escrito solicitando el tratamiento urgente para que se suspendan los efectos de  la orden que Griesa otorgó el pasado miércoles", señaló un comunicado de prensa  de la cartera de Hacienda.

El gobierno había anticipado que el lunes apelaría el fallo del juez Griesa  y la presentación finalmente fue hecha cerca de la medianoche de Argentina.

La apelación "hace eje en las deficiencias de la orden de Griesa" y  consideró nulo su fallo "por el hecho de que el juez carecía de las  competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar  que regía el procedimiento", señaló el parte.

Argentina solicitó a la Corte "el mantenimiento de la medida cautelar de no  innovar (stay) hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar",  agregó el comunicado, al sostener que "este se encuentra en pleno trámite a  partir de la solicitud de revisión al Plenario de la Cámara que hizo Argentina".

En la apelación se alude a la "inequidad manifiesta de la fórmula propuesta  por Griesa", que consiste "en pagarles a los fondos buitres el total de su  reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre, mientras los bonistas que  entraron al canje sufrieron quitas importantes y se les aplicó plazos de pago  que van hasta el año 2038".

El fallo benefició a los acreedores que rechazaron ingresar en el canje  propuesto por Argentina y aceptado por casi el 93% de los tenedores de bonos en  2005 y 2010 tras el default declarado en 2001 por unos 100.000 millones de  dólares.

Según el comunicado, "un remedio consistente" hubiera sido que Griesa  disponga una fórmula de pago a los bonos especulativos que los tratara "en los  mismos términos que la Argentina ofreció en 2010", lo que "podría ser una  propuesta que el Congreso argentino podría debatir".