El gobierno argentino anunció hoy que apelará a la ley para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos durante la huelga nacional convocada por centrales obreras opositoras para el 10 de abril.

"Respecto al tema de los servicios públicos, se aplicará la ley que corresponde desde el punto de vista de los mecanismos de regulación y de los servicios tipificados como esenciales para el cumplimiento del servicio", anticipó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en la Casa Rosada.

La huelga general "en contra del ajuste" fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), lideradas por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, y contará con la estratégica adhesión de los sindicatos del transporte público, entre ellos La Fraternidad (trenes) y UTA (ómnibus).

Las tres de las cinco centrales sindicales existentes en Argentina protestarán en demanda de incrementos salariales y en repudio del "ajuste neoliberal" que devaluó las remuneraciones desde enero pasado.

También se sumará la rama de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) encabezada por el opositor Pablo Micheli, que nuclea a trabajadores estatales.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, advirtió hoy que la huelga constituye "una medida de carácter político de actores comprometidos con la candidatura del líder del Frente Renovador", Sergio Massa.

"Muchos medios (de comunicación) apoyan a un candidato determinado. Lo ocultan, pero todo el pueblo argentino lo sabe. Los actores sindicales también juegan un rol político", afirmó Capitanich.

Sin embargo, la CTA opositora subrayó que el paro ha sido convocado en demanda de un aumento salarial inmediato superior al 30 por ciento y contra el "ajuste neoliberal", sin compromiso político alguno.

"La pérdida del poder adquisitivo es la razón del paro, aunque el gobierno quiera vincularlo con Massa", refutaron los voceros.

Al mismo tiempo, ayer se cumplieron 15 días del paro de docentes (magisterio) en la provincia de Buenos Aires, principal Estado de Argentina, en demanda de aumentos salariales. 

Los docentes desconocieron una intimación judicial para que volviesen a las aulas y hoy reiteraron que "el acatamiento al paro continúa siendo masivo en toda la Provincia de Buenos Aires", aseguró el sindicato docente Suteba, en un comunicado de prensa.

También en la provincia de Mendoza -oeste de Argentina- prosigue el paro docente en demanda de mejoras salariales.