En una reunión realizada durante el día de hoy, Argentina insistió en la necesidad de suspender la aplicación del fallo de un juez de Nueva York que obliga al país a pagar USD 1.330 millones, para poder negociar con los fondos especulativos una forma de pago.
"La República Argentina está dispuesta a continuar con un diálogo que permita encontrar una solución en condiciones justas, equitativas y legales para el 100% de los bonistas", informó un comunicado divulgado por la Presidencia.
"A tal efecto - continúa - resulta imprescindible que el juez disponga una suspensión de la sentencia (stay) habida cuenta de la magnitud de los montos involucrados", en la negociación.
Representantes argentinos mantuvieron en la jornada una segunda reunión con Daniel Pollack, el mediador designado por el juez federal de Nueva York Thomas Griesa para tratar de llegar a un acuerdo con los fondos especulativos.
Del encuentro participaron únicamente los abogados del Estado argentino, una comitiva especial del Gobierno y el mediador Pollack.
Según el comunicado en Buenos Aires, Pollack sostuvo una reunión separada con los abogados de los fondos que ganaron el juicio.
"El encuentro, de carácter eminentemente técnico, versó sobre las graves implicancias de la interpretación de la cláusula pari passu sancionada por la justicia norteamericana y sobre los impedimentos objetivos para el cumplimiento de la sentencia del Juez Griesa", según el comunicado.
Argentina declaró una moratoria en 2001 por 81.000 millones de dólares y realizó dos canjes de bonos en 2005 y 2010 con una importante quita, que tuvo una adhesión total del 93% de los acreedores.
El 7% restante no aceptó la oferta e inició demandas judiciales, una de las cuales tuvo recientemente su fallo en Nueva York.
Argentina insistió en la reunión que si debe finalmente pagar al total de los bonistas rebeldes, deberá afrontar un desembolso de USD 15.000 millones.
También dejó en claro que la demanda podría alcanzar a los bonistas reestructurados, ya que hay una cláusula que vence a fin de año y que no permite mejorar la oferta de los bonistas en los dos canjes.
Algunos bonistas litigantes se mostraron dispuestos a llegar a un acuerdo semejante al que el gobierno alcanzó por la expropiación de Repsol.
El gobierno entregó bonos a la petrolera española y luego ésta los vendió en el mercado.
"A título de ejemplo, recuérdese que el tiempo demandado por el arreglo con la empresa Repsol S.A. fue superior a los dos años, siendo los últimos cuatro meses de éste período de intensas negociaciones, y en ese caso estaban involucradas cifras sustancialmente menores", según el comunicado.
El gobierno de la presidenta Cristina Kirchner acusó el viernes a los fondos especulativos y al juez Griesa de querer llevar al país al cese de pagos, en un aviso publicado en los principales diarios locales.
