En una parcela ubicada en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, pasó los últimos 13 años el "comandante Salvador", el ex líder de la Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, buscado en Chile tras ser procesado por el homicidio de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
Galvarino Apablaza Guerra vive en ese lugar sin tener ninguna medida cautelar en su contra, a pesar de que la Corte Suprema de ese país autorizó en septiembre de 2010 su extradición a Chile.
La razón de esto se debe a que el gobierno de ese entonces, liderado por Cristina Kirchner, decidió darle el estatus de refugiado político dos semanas después de la medida judicial (octubre de 2010) y su envío a Chile quedó paralizado hasta que tuviera esa condición. La relación entre Apablaza y el entonces gobierno argentino no era desconocida, dado que la esposa del ex frentista trabajaba en la Casa Rosada.
Esa medida administrativa a favor de Apablaza la tomó la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare).
Esta instancia está en la Dirección Nacional de Migraciones y se compone por funcionarios de los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y de Desarrollo Social. También la integran representantes del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y una organización no gubernamental sin fines de lucro. Estas dos últimas entidades participan, pero no tienen derecho a voto.
Durante esos años, los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera desarrollaron una serie de tratativas para lograr su extradición, pero sin éxito. Con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia argentina se abrió la posibilidad de que la situación del "comandante Salvador" cambiara. Y así fue.
La primera alerta de que había perdido el estatus de refugiado político la dio ayer el periódico argentino Clarín. Horas más tarde, en La Moneda, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, confirmó la resolución del país transandino. "Efectivamente, el gobierno argentino nos ha comunicado que se ha levantado el estatus de refugiado para el señor Galvarino Apablaza. (...) Ese gobierno tuvo la amabilidad de hacernos saber anticipadamente de esta información. Entendemos, sin embargo, que el señor Apablaza tendría el derecho para apelar a este levantamiento del estatus de refugiado". Así, ese recurso sería la última oportunidad que tendría Apablaza para revertir la decisión del Conare. En caso de que se lo rechacen, de inmediato procedería su extradición a Chile (ver entrevista) y sería puesto a disposición del ministro en visita del caso Guzmán, Mario Carroza, quien lo interrogará y definirá si es que lo condena o no por el crimen (ver entrevista).
"La Corte Suprema de Argentina ya le dio la razón a Chile cuando solicitó la extradición. De modo que está otorgada. Lo que estaba pendiente era este otorgamiento del estatus de refugiado que ahora ha sido levantado. Por lo tanto, las posibilidades de la extradición aumentan, pero se tiene que respetar el debido proceso", dijo Muñoz.
Proceso
Minutos más tarde, el juez Carroza llegó a su despacho ubicado en calle Compañía. Ahí se refirió a la situación de Apablaza y de la detención frustrada en Francia, ocurrida en junio, del condenado por el crimen del senador Guzmán, Ricardo Palma Salamanca ("El Negro"), quien está prófugo desde 1996, cuando escapó desde la Cárcel de Alta Seguridad (ver página 4). "Ya no teniendo el obstáculo (de que sea refugiado) debería haber un pronunciamiento de la Corte Suprema argentina. Este tribunal ya había accedido a su extradición en lo referente al crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards. Su participación siempre fue como autor (de los hechos), él pertenecía a la directiva del FPMR. En ese sentido es como tiene que declarar", manifestó Carroza.
Además, recordó que su procesamiento por esos delitos fue en rebeldía, y si "él quiere cooperar y lo hace, se seguirá un debido proceso. Es importantísimo que declare, pues hay versiones que hay que corroborar. Está procesado porque hay presunciones". Además, en relación al peligro de fuga de Apablaza, señaló que "existe la posibilidad de que pueda tomar un camino distinto si estima que la extradición es viable. Esperemos que concurra, porque tiene que dar explicaciones".
Sobre la decisión tomada por el gobierno transandino, el abogado querellante del caso que representa a la familia de Jaime Guzmán, Luis Hermosilla, manifestó que "está ocurriendo lo que debió ocurrir siempre, que es facilitar el camino al cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema argentina en orden a conceder la extradición y enviarlo a Chile, ahora eso no significa que va a llegar rápidamente, porque tiene derecho a ejercer acciones judiciales aún en dicho país. Me parece importante que se haya levantado este obstáculo que fue realizado en su momento por la Presidenta Cristina Kirchner".
Agregó que "esto es una constatación de que el trabajo que hemos sostenido durante años desde Chile, muchos ministros en visita, muchos policías, muchas personas que han colaborado a que se esclarezca completamente este hecho, y no queden en la impunidad sus autores, empieza a dar frutos importantes".
