El último intento de poner fin a la segunda cesación de pagos de Argentina en 13 años está fracasando, un revés para los bonistas externos que corren peligro de perderse mil millones de dólares más en pagos hasta fin de año.
Un grupo de acreedores podría abandonar una iniciativa para conseguir que los inversionistas renuncien a una cláusula en los bonos que es un obstáculo, dice Argentina, para resolver su disputa de un decenio por deudas impagas, según tres inversionistas con conocimiento directo del plan.
El grupo proyectaba pedir a los bonistas este mes que aprobaran la renuncia el 30 de septiembre, cuando vencen unos US$190 millones en intereses, dijeron las personas que pidieron no ser identificadas ya que las discusiones se realizaron en forma privada.
Argentina, que tiene prohibido por un fallo judicial estadounidense pagar los bonos que renegoció después de su cesación de pagos de 2001 hasta pagar en su totalidad a los acreedores que quedaron fuera del acuerdo, ha dicho que no puede cumplir debido a que una cláusula en los pagarés reestructurados le exigiría hacer más atractivo el pago a todos los tenedores. Si bien Argentina ha mencionado públicamente la cláusula como una razón para no hacer concesiones a los bonistas no reestructurados ("holdouts"), lo que contribuyó a estancar la iniciativa fue una falta de claridad en cuanto a la voluntad del gobierno de apoyar la renuncia.
"Me sorprendería enormemente que pagaran en enero", después de que expire la cláusula, dijo en una respuesta a preguntas por correo electrónico Siobhan Morden, responsable de estrategia de renta fija para América Latina en Jefferies Group LLC. "No es una limitación legal. Es una limitación ideológica".
Argentina no tiene por qué garantizar una renuncia de voluntarios a la cláusula de Derechos Sobre Futuras Ofertas, dijo el ministerio de economía en un comunicado por escrito.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha dicho que la llamada cláusula RUFO le impide cumplir con el fallo y que no va a ser "extorsionada" a ofrecer un mejor trato para los bonistas no reestructurados.
La cláusula, que vence el 31 de diciembre, podría generar reclamos adicionales por US$120.000 millones, ha dicho Fernández.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo el 9 de septiembre que si bien Argentina estaría "abierta a todas las ofertas" para renunciar a la cláusula, no podía decir si el gobierno estaría a favor de eliminarla.
"No digo que estaría violando la cláusula RUFO diciendo que estoy a favor de renunciar a ella, ya que no es muy clara", dijo a la comisión de la cámara baja.
La llamada solicitud de consentimiento para que los bonistas aprobaran la renuncia nunca se inició, y a esta altura probablemente no hay tiempo suficiente para concluirla, dijeron las personas.
La demora para comenzar el proceso se debió en parte a los intermediarios financieros, como las cámaras de compensación, que querían la garantía de que podían participar sin enfrentar riesgos legales, dijeron dos de las personas.
Craig Batchelor y Christopher Clark, abogados del estudio Latham Watkins LLP, que encabeza la iniciativa, no devolvieron llamadas telefónicas ni correos electrónicos con consultas sobre el plan.
Después del 30 de septiembre, Argentina tiene un pago de intereses de US$42 millones con vencimiento el 2 de diciembre, y de unos US$900 millones con vencimiento el 31 de diciembre.
