El Senado argentino comienza hoy la discusión de los cambios propuestos por el gobierno de Cristina Fernández a la Ley de Abastecimiento, una iniciativa que según sus detractores refuerza el intervencionismo estatal en las empresas.
Aunque las autoridades enviaron un paquete de tres proyectos de ley para "mejorar la protección de los consumidores" el 4 de agosto, fue recién en los últimos días que las organizaciones empresariales, desde la Unión Industrial (UIA) y la Asociación Empresaria (AEA) hasta la Cámara de la Mediana Empresa (Came), pasando por los bancos privados, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio, reaccionaron con un rechazo cerrado a los cambios a la Ley de Abastecimiento que, aseguran, copian la ley de "precios justos" de Venezuela.
Según el diario argentino La Nación, la propuesta extiende la aplicación de la ley a todas las actividades económicas, y no sólo a la industrial, como ocurre hoy. Además, entrega a la Secretaría de Comercio más atribuciones legales para controlar precios y autoriza a gobernadores y al jefe de gobierno porteño a fijar precios máximos.
Según la UIA, "la potestad de imponer precios máximos, márgenes de utilidad, incluso la posibilidad de establecer volúmenes de producción y canales de distribución en forma discrecional, repercutirán muy negativamente en los niveles de inversión y empleo, agravando el delicado contexto productivo que vive el país".
Los economistas citados por la prensa argentina, en tanto, advierten que el hecho de que la iniciativa llegue en medio de un rebrote inflacionario implica que el intervencionismo y el control de precios volverán a ser herramientas prioritarias en la estrategia oficial.
Desde el gobierno, el secretario de Comercio Augusto Costa, rechazó la idea de que se busque ir contra los privados y aseguró que los cambios apuntan a defender a los consumidores. La Presidenta Fernández, en tanto, aseguró que "no se trata de un bando" y que la iniciativa está abierta a discusión.
Según la consultora económica ACM, la demanda bajo la ley antiterrorista a la imprenta Donnelley, por la quiebra de su operación en Argentina la semana pasada, y los proyectos de ley "entierran cualquier posibilidad remota de reactivación originada en el sector privado".
