Un tribunal argentino condenó hoy a 21 años de prisión a un ex juez por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983), en la primera sentencia contra un miembro del Poder Judicial desde que se reactivaron en el país los juicios a represores de los "años de plomo".

El Tribunal Federal Oral de la provincia de Santa Fe (centro) halló al ex juez Víctor Brusa "autor penalmente responsable de apremios ilegales en ocho hechos", informaron fuentes judiciales.

Los jueces, además, sentenciaron a penas de entre 19 y 23 años de prisión a cinco ex policías por ser responsables en carácter de "coautores" de los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenaza de imposición de tormentos".

Todos los delitos, según el tribunal, fueron cometidos en el marco de "un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado", lo que los transforma en delitos de lesa humanidad, añadieron las fuentes.

En un comunicado, el secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, calificó la sentencia de "ejemplar" y dijo que "marca el camino para el esclarecimiento de la participación del bloque civil del terrorismo de Estado en los crímenes de lesa humanidad".

Brusa, uno de los argentinos a los que la Justicia de España pidió en extradición por delitos de represión, fue acusado de obligar a personas detenidas a firmar declaraciones obtenidas bajo torturas cuando era empleado de un juzgado de Santa Fe.

El ex magistrado fue mencionado por varios sobrevivientes de la represión desatada por la dictadura como uno de los funcionarios judiciales que interrogaba a presos políticos en medio de sesiones de torturas.

Destituido como juez en 2000 y detenido en 2005, Brusa figura en la extensa lista de represores argentinos que el juez español Baltasar Garzón solicitó en extradición sin éxito bajo los cargos de terrorismo (de Estado), torturas y genocidio.

Pero a pesar de las numerosas denuncias por su complicidad con la dictadura, el Consejo de la Magistratura destituyó a Brusa en marzo de 2000 por no haber socorrido a un nadador al que atropelló con una lancha deportiva que conducía en una laguna santafesina.

Los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último régimen militar se reactivaron en Argentina desde que en 2003 el Parlamento derogó las "leyes del perdón" a represores.

Unas 18.000 personas, según datos oficiales, desaparecieron en este país durante la dictadura, aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.