Los presidentes de los países miembros del Mercosur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) expresaron "su solidaridad y apoyo" a Argentina en la disputa que mantiene con los inversores que no aceptaron una reducción en el pago de la deuda externa.

En una declaración que difundió oficialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, los estados que integran los bloques regionales manifestaron "su más absoluto rechazo a la actitud de dichos fondos" por considerar que su "accionar obstaculiza el logro de acuerdos definitivos entre deudores y acreedores y pone en riesgo la estabilidad financiera de los países". 

En el texto hecho público en Buenos Aires, los estados que forman parte del Mercosur y la CELAC reconocieron "la vocación" de Argentina "de continuar honrando sus compromisos financieros internacionales, tal como lo viene haciendo sistemáticamente desde la reestructuración de su deuda en los años 2005 y 2010, donde se obtuvo el acuerdo de más del 92 por ciento de sus acreedores".

Al respecto, indicaron que los inversores que en su momento desestimaron la propuesta argentina, los denominados "fondos buitre", integran un "un grupo minoritario de tenedores de títulos" soberanos.

En la declaración conjunta, los jefes y jefas de Estado expresaron su "su solidaridad y apoyo" a Argentina "en la búsqueda de una solución que no comprometa su desarrollo y el bienestar de su pueblo, en consonancia con sus políticas de desarrollo nacional". 

Durante la jornada, el gobierno argentino reiteró su voluntad de pagar a los inversores que aún no aceptaron el canje de deuda, aunque aseguró que los últimos fallos de la justicia estadounidense "no lo dejan" hacerlo.

Así lo hizo saber mediante un inserto que publicó en el diario estadounidense "The Wall Street Journal". En un acto público realizado este viernes, la presidenta argentina, Cristina Fernández, había manifestado su voluntad de impulsar una negociación con los "fondos buitre" en el ámbito que considere apropiado el juez estadounidense Thomas Griesa, que tiene en su jurisdicción el reclamo legal planteado por los inversores.

Tiempo atrás el magistrado había ordenado a Argentina el pago de 1.500 millones de dólares en efectivo y en una sola vez a los bonistas, una determinación que la administración de Fernández de Kirchner calificó de "extorsión" porque deja al país en una situación de cesación de pagos.