Argentina solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise un fallo adverso en un litigio entablado por fondos de inversión especulativos por bonos soberanos impagos desde finales de 2001.
"Argentina presentó una petición ante la Corte Suprema de los Estados Unidos solicitando que revise las decisiones erróneas de los tribunales inferiores que prohíben a nuestro país efectuar el pago de los cupones de deuda en cumplimiento", dijo el Ministerio de Economía en un comunicado.
El pasado 23 de agosto la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó un fallo de primera instancia del juez Thomas Griesa que obliga a Argentina a pagar a los fondos de inversión litigantes 1.300 millones de dólares.
Argentina alega que hacer ese pago implicaría dar un trato injusto a los acreedores de deuda argentina que sí aceptaron los canjes de 2005 y 2010, con fuertes quitas de capital e intereses.
Según el Ministerio de Economía, los fallos de primera y segunda instancia de la Justicia en Nueva York "violan la soberanía de la República Argentina al intentar coaccionarla a pagar a los demandantes con reservas que gozan de inmunidad soberana".
"Debido a que no existe un régimen de quiebras para Estados soberanos, Argentina siguió la práctica internacional y reestructuró exitosamente casi el 93 % de su deuda, cumpliendo desde entonces con los pagos a los tenedores de bonos", afirma el comunicado.
Argentina aseguró que "nunca ha repudiado su deuda y se ha comprometido a tratar a todos los bonistas de manera equitativa, incluidos los litigantes".
Según el Gobierno, las consecuencias de este caso "trascienden a Argentina" pues, de no revisarse, "las decisiones de los tribunales inferiores podrían tornar virtualmente imposibles futuras reestructuraciones de deuda soberana".
"Impedirían el adecuado funcionamiento de los mercados internacionales de capitales; pondrían en riesgo el estatus de Nueva York como uno de los principales centros financieros globales y afectarían negativamente las relaciones internacionales", argumentó el Gobierno de Cristina Fernández.
Insistió en que estas decisiones "amenazan en forma manifiesta el bienestar" de Argentina y de sus ciudadanos, así como el de "innumerables tenedores de deuda" argentina en cumplimiento.
En su presentación, pide al Supremo de Estados Unidos que "reenvíe" a la Cámara de Apelaciones de Nueva York "la cuestión de la interpretación de la cláusula pari passu" (que obliga al trato igualitario entre tenedores de deuda) "contenida en los bonos soberanos".
Asimismo, le solicita que "revise y revierta la interpretación errónea de la Ley de Inmunidades Soberanas de Estados Unidos (FSIA) adoptada por los tribunales inferiores".
Los canjes de 2005 y 2010 fueron aceptados por el 93 % de los acreedores con bonos argentinos que entraron en cese de pagos a finales de 2001, en medio de una severa crisis económica.
El Parlamento argentino aprobó el año pasado una ley que permitirá al Gobierno argentino reabrir el canje para el 7 % de los acreedores que aún no se adhirieron a la reestructuración.
Esa ley prevé, además, un cambio en el sitio de pago a los acreedores, para que las cancelaciones se produzcan en Argentina y, así, evitar que eventualmente los giros de dinero sean objeto de embargos por pedido de los fondos de inversión litigantes.
