El Presidente costarricense, Oscar Arias, dijo hoy a una emisora colombiana que el decreto que mantiene suspendidas varias garantías constitucionales en Honduras y que amparó la clausura de dos medios "pone en peligro" la celebración de las elecciones del 29 de noviembre.
Ese decreto "coarta las más importantes libertades individuales", lo que "crea un clima ilógico para llevar a cabo la campaña electoral y daría al traste con la legitimidad" de los comicios, advirtió Arias en declaraciones a la emisora colombiana La FM.
"Lo que más interesa es que esas elecciones sean transparentes, en un clima de normalidad", agregó el mandatario, quien reiteró ayer que se mantiene como mediador en el conflicto político hondureño.
El gobierno de facto hondureño, presidido por Roberto Micheletti, publicó el sábado pasado un decreto por el cual suspende durante 45 días las libertades de circulación y expresión, y prohíbe las reuniones públicas, entre otras medidas.
Según Micheletti, el decreto se emitió por la llamada a la "insurrección" del depuesto Presidente hondureño, Manuel Zelaya, quien está desde hace el lunes de la semana pasada en la embajada de Brasil en Tegucigalpa.
Amparado por ese decreto, el gobierno de facto clausuró ayer dos medios de comunicación, Radio Globo y Canal 36, e impidió marchar a los seguidores de Zelaya en la capital y otros puntos del país, en la jornada en que se cumplían tres meses del golpe de Estado.
También en declaraciones a la emisora La FM, el canciller del gobierno de facto, Carlos López, comentó hoy que ese decreto "está siendo objeto de reconsideración en este momento", aunque lo justificó diciendo que es "la respuesta normal a una situación irregular provocada por el llamado a la insurrección".
"El primer objetivo de un gobierno es el mantenimiento del orden público, la paz y la seguridad de las personas", subrayó López.
Micheletti también abrió ayer la puerta a una posible derogación de ese decreto, tras reunirse con el presidente del Parlamento, José Alfredo Saavedra, y otros diputados que le pidieron que reconsidere la suspensión de garantías para favorecer el diálogo en el país.
Zelaya fue detenido y expulsado del país por militares el pasado 28 de junio, y horas más tarde el Congreso nombró en su reemplazo a Micheletti, hasta entonces presidente del Legislativo y cuyo Gobierno no reconoce la comunidad internacional.
OEA NO LOGRA ACUERDO
Ayer, el Consejo Permanente de la OEA no alcanzó un acuerdo de declaración sobre la situación en Honduras por un artículo sobre la legitimidad del gobierno que surja de las elecciones de noviembre, si se producen sin que Zelaya sea restituido.
Aunque el Consejo, convocado de manera extraordinaria tras la expulsión de tres funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA) y dos de la embajada de España, no llegó a un acuerdo, su presidente, Pedro Oyarce, emitió una declaración en la que hizo un llamado al "diálogo" y a la "reconciliación".
Según indicaron fuentes diplomáticas, este fue el mayor escollo para que se aprobara la declaración y que, según dijo Oyarce, "está pendiente".
El texto de la declaración deploraba la decisión de las autoridades de facto de impedir la entrada al país de la comisión y exigía garantías a la vida de Zelaya y de los funcionarios de la embajada de Brasil en Tegucigalpa donde se aloja, algo en lo que los países sí coincidían.
Asimismo, todos los países rechazaron unas elecciones que se den en un entorno en el que las garantías constitucionales no estén restablecidas por completo.
Sin embargo, algunos como Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Costa Rica y Perú, se abstuvieron de determinar cuál será su posición sobre el resultado electoral de noviembre.
Finalmente, el presidente del Consejo Permanente y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que "después de conocer las últimas decisiones sobre las vigencias de garantías constitucionales de Honduras, se mantienen atentos a la evolución de la crisis política".
