Este jueves el gobierno mexicano protestó ante el avance en el estado de Arizona de una nueva iniciativa legislativa que podría imponer aún más restricciones a los indocumentados en esa parte de Estados Unidos.

Arizona fue objeto de gran atención nacional e internacional cuando aprobó en abril del año pasado una norma local, actualmente demandada por las autoridades federales, que autorizaba mayores controles a los indocumentados.

Un comité del Senado estatal de Arizona aprobó preliminarmente el martes dos nuevas iniciativas, conocidas como SB1308 y SB1309.

Si se convierten en ley limitarían el acceso a los servicios públicos a todo extranjero que carezca de autorización para residir en el país.

Además, obligarían a que las autoridades de Arizona otorgasen un acta de nacimiento distinta a los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados.

Esto a pesar de que según la constitución federal estadounidense, toda persona que nazca en territorio estadounidense es automáticamente ciudadana del país, sin importar la condición legal de los padres.

EQUIDAD
Quienes apoyan la nueva iniciativa de Arizona sostienen que los indocumentados utilizan a sus hijos nacidos en Estados Unidos para obtener beneficios públicos.

Alegan que los indocumentados le cuestan al contribuyente en el estado unos US$2.000 millones al año.

Los detractores dicen que las propuestas violan los principios de equidad, son racistas y buscan intimidar a la comunidad inmigrante para que se vaya de Arizona.

OTRAS INSTANCIAS
Pero, ¿qué va a pasar ahora a nivel legal? En declaraciones a BBC Mundo, Eduardo Bernal, periodista del diario hispano La Voz, de Arizona, dijo que "aún se está viendo si es que este paquete de legislaciones va a ser aprobado por el resto de los comités. Todavía falta que se apruebe en dos o tres instancias para que pueda ser firmado por la gobernadora, Jan Brewer".

Las iniciativas, como explicó Bernal, "logran cerrar vacíos legales de anteriores propuestas que buscaban negar servicios sociales a inmigrantes indocumentados y penalizar su estadía en los Estados Unidos sin un estatus migratorio legal".

Lo que se busca es "eliminar completamente todos los servicios sociales para individuos que no puedan demostrar su estatus migratorio" los que les impediría "conducir un automóvil, registrarlo, inscribirse en la escuela, recibir asistencia médica en una sala de emergencia o inclusive rentar una vivienda".

De acuerdo con Bernal, "muchos analistas y expertos en leyes migratorias y gente que ha trabajado por muchos años en el Senado piensan que las negociaciones van a comenzar; a lo mejor se realizarán enmiendas a las propuestas ya presentadas, o tal vez se pueda producir una ley más compacta".

En reacción al avance de las iniciativas legales, BBC Mundo conoció que organizaciones comunitarias están comenzando a desarrollar estrategias para alentar la oposición, tanto en la sociedad civil como dentro del Senado, a los proyectos.

Se estima que hay aproximadamente medio millón de inmigrantes irregulares en Arizona, estado fronterizo con México.

MEXICO PROTESTA
El jueves el gobierno mexicano lamentó el avance del proyecto de ley, el cual considera como "violatorio de derechos fundamentales de las comunidades mexicanas''.

Un comunicado del subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, sostiene que la legislación va en contra del "desarrollo de la valiosa relación política y económica entre México y Arizona".

El funcionario dijo que el gobierno del presidente Felipe Calderón reconoce el derecho que tienen los países de legislar sobre políticas públicas.

No obstante, enfatizó en que México "lamenta profundamente el actual ambiente político en Arizona".

En sus palabras el clima político en ese estado "una vez más condujo a la consideración de iniciativas que no reconocen las aportaciones de la comunidad migrante''.