Centenares de suboficiales de la Armada y de la Fuerza Aérea argentina se sumaron hoy a la protesta de los guardacostas y Gendarmería contra los recortes salariales, pese a que el gobierno anunció que dejará sin efecto la medida, después de reconocer que la última liquidación de sueldos fue "desastrosa".

La protesta comenzó el martes cuando los miembros de la Prefectura (guardacostas) percibieron sus salarios con descuentos del 30 al 60  por ciento y se extendió hoy a Gendarmería, la fuerza de seguridad de "élite" del país a la que acudió el gobierno para reemplazar en muchas zonas de la Ciudad de Buenos Aires a los efectivos policiales sospechados de complicidad con el crimen organizado.

Imprevistamente, la protesta sumó hoy a centenares de suboficiales de la Armada y la Fuerza Aérea, dos de las tres fuerzas armadas del país, que no experimentaban una situación similar de rebelión hacia sus mandos desde comienzos de la década del 90.

Los voceros de la protesta aclararon que "estamos ciento por ciento con la democracia", al descartar un trasfondo político contra el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández.   

El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, intentó descomprimir la protesta al anunciar hoy que el personal de Gendarmería cobrará "exactamente el mismo salario que el mes pasado" y que en Prefectura se exceptuarán de los recortes los salarios de bolsillo inferiores a 12.500 pesos (2.500 dólares).  

Medina reconoció que la implementación de un decreto presidencial que intentaba reordenar los salarios de esas fuerzas de seguridad fue "injusta y desastrosa" y que se iniciará "una investigación interna y externa para determinar quienes fueron los responsables de todo esto".

El Ministerio de Seguridad explicó en un comunicado que el blanqueo salarial fue impuesto por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, al pronunciarse sobre los sucesivos amparos que durante tres años presentaron ex jefes de Prefectura para preservar sus salarios, situación que provocó una ruptura de la escala salarial de la fuerza.  

La ministra de Seguridad Nilda Garré, prometió en conferencia de prensa que los salarios de bolsillo inferiores a 12.500 pesos (2.500 dólares) que "constituyen el 90 por ciento" de las fuerzas de seguridad "no sufrirán variaciones en menos".

A causa de la protesta, el comandante general de Prefectura Héctor Bernabé Schenone y el prefecto general Oscar Adolfo Arce pusieron su renuncia a disposición del gobierno argentino.

También el almirante Carlos Alberto Paz, jefe de la Armada, fue hostigado por los amotinados al grito de "­Andate retirado!" y recibió una silbatina cuando se retiraba del edificio de la fuerza.

La protesta de los miembros de las fuerzas de seguridad, marinos y aviadores concitó el apoyo de las dos conducciones antagónicas en que se ha dividido a partir de hoy la histórica central sindical peronista CGT.

Antonio Calo, electo esta tarde secretario general de la CGT-Alsina (oficialista) afirmó que "todo lo que sea reclamo de los trabajadores lo vamos a apoyar" y dijo a la agencia DyN que "cuando hay un reclamo salarial la CGT lo va a tener que acompañar".

Hugo Moyano, secretario general de la CGT-Azopardo (opositora) había expresado previamente su respaldo a la protesta de los gendarmes y prefectos.

En cambio, los jefes de la mayoría de los bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados de la Nación instaron a los demandantes "a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas".

Sin embargo, la agrupación Solano Lima, que responde al PRO (derecha), responsabilizó del conflicto a la política de seguridad del gobierno, al involucrar a Gendarmería y Prefectura "en zonas calientes de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, cuando su función específica es otra".

"Gendarmería en las fronteras, Prefectura en los ríos. Estos principios que parecen tan elementales han sido negados por el kirchnerismo y los resultados quedan a la vista", fustigó la agrupación juvenil, vinculada al jefe de Gobierno de la capital argentina, Mauricio Macri.

Los organismos de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, HIJOS, Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresaron en cambio "nuestra preocupación frente al oportunismo de ciertos sectores que aprovechan un reclamo justo de las fuerzas armadas y de seguridad, para desestabilizar el orden democrático".