A mediados de semana, el 3 de octubre, el Arzobispado de Santiago respondió en tribunales la demanda civil interpuesta en su contra por los denunciantes del ex párroco de El Bosque Fernando Karadima. En el escrito de 39 páginas, el arzobispado asegura que la acción que los afecta no tiene fundamento conforme a derecho, por lo que la Iglesia de Santiago no tendría responsabilidad civil en el caso.
Con este argumento, la Iglesia capitalina rechazó la demanda presentada por el médico James Hamilton, el periodista Juan Carlos Cruz y el presidente de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo.
Los tres, junto a su abogado Juan Pablo Hermosilla, llegaron el 3 de septiembre a tribunales para solicitar al arzobispado el pago de $ 450 millones, por la responsabilidad que -afirman- tendría la Iglesia de Santiago en los ilícitos perpetrados por el sacerdote Fernando Karadima. Este fue condenado por el Vaticano por abusos de menores y adultos, además de abuso de poder.
En su contestación a la demanda, la Iglesia afirma que "como en todos los casos de abusos sexuales, quienes investigaban los hechos y debían juzgar acerca de su verosimilitud, enfrentaron la compleja situación que, por las circunstancias ordinarias en que son cometidos estos delitos, originalmente no hay más antecedentes que la palabra de la supuesta víctima contra la del acusado". Y aunque el arzobispado considera "entendible" que las víctimas esperaran un resultado pronto y positivo a su denuncia, dice que "no era posible condenar inmediatamente al sacerdote bajo la normativa ni tampoco apropiado en justicia".
En opinión del arzobispado, fue el proceso canónico iniciado por ellos el que permitió establecer por primera vez la verdad de los abusos cometidos por Karadima y asignarle las penas más graves que contempla la Iglesia. La sentencia penal canónica, de noviembre de 2010 -que condenó entre otras cosas a Karadima con la prohibición perpetua del ejercicio público- la que, según el arzobispado, sirvió de antecedente para que, después, la justicia chilena comprobara también los hechos en noviembre de 2011, un año más tarde. La Congregación para la Doctrina de la Fe se pronunció en noviembre de 2010 luego que el Arzobispado de Santiago enviara los antecedentes y pidiera a la Santa Sede levantar la prescripción del caso. Las denuncias, según la Iglesia, fueron recibidas en 2005, 2006 y 2009.
Actualmente, el clérigo reside en el convento de las Siervas de Jesús de la Caridad, en Providencia.
Penalmente, Karadima fue sobreseído en noviembre de 2011 por la ministra en visita Jéssica González, en una resolución donde ésta afirma que el octogenario clérigo cometió abusos, pero que éstos estaban prescritos.
El abogado Juan Pablo Hermosilla declinó ayer realizar declaraciones respecto de la causa civil.
