Tanto desde el mundo político como desde el académico se han comenzado a escuchar ideas encaminadas a fortalecer las atribuciones y capacidades del Congreso Nacional, como una manera de lograr un mayor equilibrio respecto de las atribuciones que la Constitución vigente, y la práctica constitucional, han entregado al Presidente de la República.

Esta tendencia marca una continuidad respecto de la discusión en torno al sistema de gobierno que se originó durante la década de 1980 y principios de los 90 con el retorno a la democracia. Esta puede entenderse como un rescate y revalorización del rol que ha jugado históricamente el Congreso en Chile, esto es, como un espacio público y republicano de deliberación política, representativo de las distintas posturas existentes en el país.

Una de las debilidades más importantes que ha tenido el ejercicio de la labor legislativa bajo la Constitución actual, ha sido la carencia de equipos técnicos consolidados al interior de la institucionalidad del Congreso, que sean capaces de responder con la misma eficiencia y capacidad, con la que trabajan los equipos técnicos representantes del Poder Ejecutivo. Esto ha implicado, en la práctica, una enorme dificultad para poder impulsar con éxito los propios proyectos de ley emanados desde los mismos parlamentarios y una falta de un manejo más acabado de los diversos temas que hoy merecen regulación legal. Lo anterior tiene un efecto relevante en el grado de deliberación con que tratamos nuestros asuntos públicos.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, dicho rol ha sido asumido cada vez con más fuerza e importancia por la Biblioteca del Congreso Nacional, aumentando su dotación de personal calificado y ganando en capacidad y experticia en los más variados temas que merecen la atención legislativa.
En este sentido, resulta satisfactoria la existencia de distintas iniciativas dirigidas a apoyar la labor legislativa, en particular, en lo que respecta a las asesorías parlamentarias. Pero no deja de ser preocupante que algunas de esas  iniciativas vayan encaminadas a privatizarlas en los diversos centros de pensamiento o think tanks existentes en la actualidad, ajenos a la institucionalidad del Congreso, y que responden a intereses de tipo político, económico y corporativo. 

Por ejemplo, en una columna publicada en estas mismas páginas la semana pasada, Salvador Valdés y Sebastián Soto, investigadores del Centro de Estudios Públicos y de Libertad y Desarrollo respectivamente, afirman la necesidad de "redirigir la asesoría políticamente neutral prestada por los funcionarios del Congreso", al tiempo de "fortalecer la asesoría externa." En una presentación que los mismos autores realizaron a principios de julio en el CEP, propusieron, respecto de las asesorías externas "separar recursos en dos fondos: uno controlado por las bancadas de oposición, 2/3, y otro por bancadas oficialistas, 1/3". 

No hay duda de que el Congreso requiere contar con mayor capacidad técnica. En este sentido, resulta una mejor opción fortalecer la orgánica y las capacidades ya existentes en la Biblioteca del Congreso Nacional. Más que promover asesorías externas, debiera preferirse el fortalecimiento de las instituciones públicas que trabajan en la materia, en este caso la biblioteca, pues no debe olvidarse que el sentido republicano de su labor es discutir los asuntos públicos en un espacio democrático y representativo de todos los ciudadanos.