Así opera hoy la inteligencia en Chile

En calle Tenderini, esquina Moneda, hay un edificio gris con vidrios polarizados. En ese lugar opera, desde el año 2004, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), la entidad encargada de coordinar a los organismos de inteligencia que operan en el país. Esta institución, hoy cuestionada por la falta de resultados en los atentados explosivos, estaría próxima a cambiar.

El gobierno se encuentra preparando un proyecto de ley para un nuevo sistema de inteligencia. Entre las reformas que se plantean se encuentra dotar a este organismo de agentes especiales, así como aumentar su dotación, atribuciones y presencia en regiones.

Hoy, en el país, esta actividad se encuentra regulada por el Sistema Nacional de Inteligencia, que además de la ANI la integran las divisiones de las policías y de las Fuerzas Armadas.

La ANI tiene una planta de 98 personas. En éstos se incluye su director, nombrado por el Presidente de la República. Michelle Bachelet, en sus dos períodos, ha elegido a Gustavo Villalobos.

Esta agencia se divide en áreas de trabajo. La primera es inteligencia, que está formada por las unidades de violencia política, crimen organizado y terrorismo internacional. Le siguen las áreas de análisis estratégico, contrainteligencia, administración y, finalmente, lo relacionado a finanzas e informática.

El área de violencia política es la encargada de analizar el fenómeno de los bombazos. En 2012, el ex director del organismo Gonzalo Yuseff -durante la comisión investigadora del caso bombas de la Cámara de Diputados- dijo que entre las misiones de esta área se encuentra "el fenómeno anarquista, el cual abarca tanto la alteración del orden público para todas las ocasiones que sea posible, incluidos el concepto de la oportunidad y desborde a propósito de las marchas sociales; como los ataques incendiarios, la colocación de bombas y el editorialismo combativo".

Fuentes conocedoras de esta área señalan que los análisis de la ANI tienen, básicamente, tres fuentes de información: artículos de prensa naciones e internacionales, los datos que entregan los informantes pagados y los antecedentes que les hacen llegar las policías. Estas fuentes aseguran que uno de los problemas que tiene este organismo es que se acostumbró a ocupar la herramienta del pago de informantes, que rindió buenos frutos para desarticular a los ex grupos subversivos en los 90. No obstante, esta lógica no ha sido de utilidad para lograr información interna de los grupos tras los bombazos.

Este organismo prácticamente no tiene agentes operativos, sino que sus integrantes son en su mayoría analistas (entre ellos periodistas, abogados, sociólogos y profesores). Con la autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones pueden intervenir comunicaciones y hacer grabaciones audiovisuales.

Tanto la PDI como Carabineros tienen enlaces en la agencia. Con la policía uniformada estos contactos sirven para tener los partes policiales de los detenidos en marchas, entre otros usos. Con la PDI la coordinación se ocupa, por ejemplo, para conocer movimientos migratorios. De hecho, según Yuseff, una de las labores de la ANI es "revisar las visas otorgadas a ciudadanos de ciertos países que son conflictivos".

Ambas policías tienen divisiones dedicadas al área de inteligencia. Yuseff reveló que "a los miembros de las inteligencias policiales, Dipolcar de Carabineros y Jipol de la PDI, les preocupa lo interno y su función, fundamentalmente en la detección de fenómenos de violencia política local". Mientras que la PDI cuenta con cerca de 300 funcionarios en esta área, Carabineros tiene 200. Fuentes de este sector indicaron que entre las prioridades en esta materia está, además de los bombazos, el conflicto indígena.

Las Fuerzas Armadas están enfocadas en las eventuales amenazas de países extranjeros.

Conocedores de esta área indican que uno de los grandes problemas es el celo de la información entre las instituciones.

Javier Couso, académico UDP, indicó que " tengo la impresión de que Chile es un país que en esto demuestra todavía estar en una situación de subdesarrollo".

El diputado Gustavo Hasbún (UDI), de la Comisión de Inteligencia, dijo que "la única forma de combatir el terrorismo es entregándole facultades que permitan insertarse a estos grupos con agentes encubiertos, que tengan más poderes operativos".

Ayer, en tanto, Carabineros anunció la conformación de la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal. Según el director general, Gustavo González, la nueva orgánica estaba prevista, pero el atentado del lunes aceleró su implementación. Agregó que se busca la "optimización de recursos (...). Lo más importante es la información y coordinación entre las diferentes especialidades".

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo indicó que la nueva dirección ayudará a "fortalecer el trabajo de Carabineros en su tarea a de investigar".