"El proyecto de ley de pesca enviado por el gobierno al Congreso tiene buenas intenciones, pero erradas proposiciones", indicó el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Roberto Izquierdo, al realizar el balance anual del sector.

Entre los aspectos destacables de la iniciativa señaló el que plantee una legislación de largo plazo para la actividad pesquera y proponga un fraccionamiento acordado en la Mesa Pesquera en conjunto por los sectores industrial, artesanal y laboral.

Sin embargo, Izquierdo y el gerente del gremio, Luis Felipe Moncada, sostuvieron que el proyecto debe mejorarse y perfeccionarse en el debate parlamentario, corrigiendo el debilitamiento que efectúa de la administración pesquera.

"El articulado debilita la institucionalidad, concentrando en la autoridad, sin contrapeso, la toma de decisiones en un sector de gran complejidad. Debe buscarse un ente de participación informada que sirva de equilibrio", precisó el gerente de Asipes.

Al respecto, ambos recordaron que la Ley General de Pesca entregó amplias atribuciones al Subsecretario de Pesca, equilibrando sus facultades con las entregadas al Consejo Nacional de Pesca y Consejos Zonales, a través de consultas y aprobaciones con votación calificada.

Recalcaron que esta participación se acaba en el proyecto de ley y que la Ocde ha indicado en los estudios de su comisión pesquera que la recuperación de las pesquerías debe hacerse con los actores, no sin ellos, ya que de otro modo no se logran los efectos buscados.

"Este proyecto de ley en que el gobierno dice haber tomado en cuenta los estudios de esa organización debe recoger también este aspecto", indicaron los dirigentes gremiales.

Respecto a la asignación a partir de 2013, valoraron que el proyecto prolongue el sistema de cuotas individuales, denominado actualmente Límite Máximo de Captura por Armador, mejorando la transferibilidad de las cuotas.

Sin embargo, lamentaron que el proyecto incluya licitaciones en un sector en plena actividad, lo que en ningún país ocurre (menos en los de la OCDE).

Si bien consideran positivo que se pretenda reemplazar las "Autorizaciones de Pesca" por "Licencias Transables de Pesca" (LTP), indefinidas, transferibles, divisibles y transmisibles, los representantes gremiales cuestionaron que las LTP reconozcan la historia sólo en un 85%, permitiendo licitar la diferencia (15%).

Ello, señalaron, genera un problema constitucional y pone en desventaja competitiva a la actividad pesquera nacional.

Adicionalmente, plantearon que las LTP no consideran áreas de pesca, artes de pesca y especies asociadas no sujetas a LMCA, y que el proyecto tampoco indica quiénes pueden ser titulares de dichas licencias.

"¿Significa esto que se está pensando permitir que chinos, peruanos u otros países que operan mas allá de la Zona Económica Exclusiva liciten cuotas y luego las pesquen en alta mar o las desembarquen en puertos chilenos? Si es así, el gobierno debe decirlo claramente", afirmaron.

En cuanto al ámbito medioambiental, los dirigentes destacaron que la iniciativa incluya enfoques y definiciones científicas para el estado de las pesquerías y programas de recuperación de las sobreexplotadas.

No obstante, señalaron que conceptos como "principio precautorio", "enfoque ecosistémico" o "punto biológico de referencia" deben ser congruentes con los documentos internacionales FAO u otros, y que la amplitud de estos principios debe llevar a una aplicación criteriosa.

Respecto a la tributación, los representantes de Asipes valoraron que se intente reformular al actual sistema de patente pesquera, pues el pago se produce a todo evento.

Sin embargo, lamentaron que el "impuesto específico" propuesto, a la manera de un royalty, se aplique sobre las toneladas que se tenga derecho a extraer y no sobre las efectivamente capturadas.
Además, cuestionaron que el valor de sanción se calcule en base a un índice estimado por la FAO, ya que no guarda relación con los valores de las especies en Chile.

"Parece razonable pedir que las reglas para la pesca sean similares a las de otros recursos naturales, por ejemplo, la minería es gravada con un royalty que se establece sobre utilidades operacionales", agregaron.

Por último, alertaron que la composición del Panel de Expertos dependerá de los ministros de Economía y Medio Ambiente, que el perfil de sus postulantes está planteado como el de un investigador teórico, sin conocimiento empírico, y también que los Comités Científicos Técnicos serán órganos facultativos y no imperativos, en circunstancias que en ellos debiera radicarse el trabajo efectivo de investigación y asesoría científica, así como conocer y validar la investigación desarrollada por universidades e institutos.

Además llamaron la atención respecto al rol del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), pues se le entrega el monopolio de la investigación científica estratégica.

CAEN DESEMBARQUES

Los desembarques pesqueros en la zona centro sur –efectuados desde la Cuarta a la Décima Región– mostraron una baja de 1,2% en comparación al año 2010, al pasar desde 1.053.530 toneladas a 1.034.118 toneladas, informaron los dirigentes. 

Precisaron que entre 2009 y 2011 la participación de la zona ha disminuido de tres cuartos del total nacional a menos de la mitad, lo cual confirma que una licitación de cuotas perjudicaría sobre todo a la industria de la Región del Bio Bio.

Por otra parte, la participación del sector industrial frente al sector artesanal en los desembarques de la zona centro sur ha caído sostenidamente.

Así en 1991, cuando se promulgó la Ley General de Pesca, la industria representaba el 90,3%, mientras en 2011 capturó apenas el 37,1%.

"Con los fraccionamientos acordados en la Mesa Pesquera, en 2013 la industria disminuiría su participación a un 29,8%. Y es a este sector al que, más encima, se le aplicará licitaciones", agregaron.

Finalmente, los dirigentes gremiales destacaron que las capturas industriales de la zona centro sur se han focalizado en los productos para consumo humano, aumentando en el caso del jurel de un 8% en 1994 a un 48% en 2006 y a un 85% en 2011.

Adicionalmente, recalcaron que el año recién pasado por primera vez las exportaciones de productos para consumo humano superaron a las de reducción, ya que los envíos de congelados totalizaron US$ 137.913.600 y los de conservas US$ 22.884.000, mientras los de harina llegaron a US$ 131.785.100.