El Fiscal Regional de La Araucanía, Cristian Paredes, comunicó que los restos del artefacto explosivo que detonó en el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) de Temuco, serán enviados a Santiago para ser cotejados con otros artefactos instalados en la capital, durante los últimos meses.

Paredes señaló que se trata de un extintor de un kilo de peso con un temporizador y que Labocar analiza la composición de la pólvora usada.

"Estamos trabajando los vestigios de esta bomba con el Labocar y estos serán remitidos al Labocar central en Santiago a fin de establecer las características últimas de este artefacto y eventualmente su correspondencia o no con artefactos que se han instalado en la Región Metropolitana", entre ellos los atentados que afectaron a dos estaciones del Metro.

El fiscal Paredes catalogó que el atentado será investigado bajo la Ley Antiterrorista, ya que el artefacto es de alto poder de destrucción, "por tanto potencialmente muy peligroso para las personas. Esa es una de las motivaciones que nos lleva a caratular, al menos preliminarmente estos hechos, como un delito terrorista".

"Luego de un mejor examen de los antecedentes y habida consideración de las circunstancias de tiempo, la proximidad de domicilios particulares que potencialmente pudieron ser afectados por el bombazo, la fiscalía entiende que estos hechos se enmarcan dentro de la Ley de Conductas Terroristas", explicó el Fiscal Regional.

Paredes se refirió al hecho luego de una reunión que sostuvo con los máximos jefes regionales de ambas policías, Nabid Soza de Carabineros y Jorge de la Torre de la PDI.

Paredes, indicó que, "hemos pedido esta reunión, inmediatamente conocidos los hechos, con ambos mandos de las policías para efectos de mantener una comunicación fluida y expedita para efectos de coordinar debidamente el trabajo policial a fin de arribar a un pronto resultado en el esclarecimiento de estos graves hechos".

La investigación, por disposición del Fiscal Regional, quedó en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, cuyo fiscal jefe, Miguel Ángel Velásquez ordenó las primeras diligencias.