Dos artefactos estallaron en la madrugada de hoy en la Corte Suprema de Justicia de Honduras y el edificio del Canal 10 de televisión, en Tegucigalpa, sin causar víctimas, solo daños materiales, informó la Policía.

El portavoz de la Policía, Orlin Cerrato, dijo a periodistas que el artefacto que explosionó en la sede del poder judicial es un RPG7 de fabricación rusa, lanzado desde el exterior.

Los daños en el inmueble de la Corte Suprema de Justicia "son de menor consideración", mientras que en el edificio de Canal 10 hubo cristales rotos en el segundo piso, según indicó Cerrato.

Agregó que se está haciendo el análisis del tipo de explosivo que se utilizó en Canal 10, donde también tiene sus oficinas y talleres la Editorial Hablemos Claro.

El director de ambas empresas de comunicación es el periodista Rodrigo Wong Arévalo.

Una periodista de Canal 10 informó que el artefacto también causó daños en la planta baja del edificio.

Cerrato expresó que la Policía viene dando seguimiento a grupos, que no identificó, que pretenden, según dijo, atemorizar a la población para que no voten en las elecciones del próximo domingo en el país centroamericano.

"Estos actos no van a minar la voluntad de la población de acudir a las urnas. Al margen de que se den estos hechos condenables, vamos a garantizar el proceso, a la gente que deje los temores afuera", subrayó el portavoz de la Policía, en otras declaraciones a la radio HRN.

Informó, además, que en la zona norte del país ayer se decomisó un fusil con mira telescópica y otro AK47, lo mismo que computadoras y radios de comunicación, e indicó que hay grupos que al parecer pretenden dañar el puente La Democracia, que comunica las ciudades de El Progreso con La Lima y San Pedro Sula.

En los últimos dos meses se han registrado decenas de explosiones de artefactos en algunas de las principales ciudades del país, sin causar daños a personas.

Los hondureños están convocados a elecciones generales este domingo 29 de noviembre, comicios que tienen lugar tras el golpe de Estado contra el presidente del país, Manuel Zelaya, el 28 de junio pasado.

Zelaya permanece desde el 21 de septiembre en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, desde donde exige su restitución en el poder y ha reiterado que no reconocerá las elecciones y las impugnará "por ilegales".