Esta mañana se debía resolver el juicio abreviado por el caso CNA de la Universidad del Mar, sin embargo en la oportunidad apareció el síndico de quiebra, Cristian Herrera, aclarando que la representatividad de la institución estaba a su cargo.
El fiscal Oriente de Santiago, Carlos Gajardo, comentó que "esta audiencia se había fijado para resolver un procedimiento abreviado respecto de la personalidad jurídica de la Universidad del Mar, y en esta audiencia ha hecho su aparición el síndico de quiebra indicando que él tiene la representación de la personalidad jurídica de la Universidad del Mar, y eso es algo que tendrá que ser resuelto en el tribunal".
La nueva audiencia para resolver la responsabilidad de Herrera en el caso CNA fue agendada para el próximo 26 de septiembre, oportunidad en que el Tribunal determinará quién puede llevar la causa y se procederá al juicio abreviado.
"La representación del síndico por supuesto es para todos los temas que tenga que ver con patrimonio, y hay que determinar si esa representación también alcanza a un juicio penal como en este caso y para ello se ha fijado una audiencia para el día 26 de septiembre", explicó el fiscal Gajardo.
Por su parte, Helmut Vargas, abogado de la Defensoría Penal Pública sostuvo que "cuando a nosotros nos designaron para asistir a la Universidad del Mar, no se había declarado la quiebra (...), posteriormente se designó un síndico porque la quiebra se decretó y ese síndico quiere asumir la representación legal de la fallida como lo índica el Código de Comercio".
En la misma línea indicó que "se va a resolver si el síndico de quiebra continúa con la representación de la fallida, en este caso la U. del Mar, o nosotros como Defensoría Penal Pública (solamente asumimos la defensa de las personas cuando no hay un representante desginado) aquí creemos que el síndico debe hacerse cargo de aquello".
Investigación de caso CNA de la U. del Mar que sería la primera institución condenada por soborno
Penas que van desde la prohibición de suscribir contratos con el Estado por hasta cinco años y el pago de una multa superior a los $ 84 millones, son algunas de las sanciones que arriesga la personalidad jurídica de la Universidad del Mar.
