Al menos desde abril pasado está en manos del gobierno una auditoría realizada a la empresa Subus -operador del Transantiago que el 9 de junio se acogió a la ex Ley de Quiebras-, la cual reveló al Ministerio de Transportes la crisis financiera de la compañía. La información se conoció tras un estudio "forense" al patrimonio del operador, efectuado por la consultora Deloitte.
Guillermo Muñoz, director del Directorio del Transporte Público Metropolitano, explicó que la auditoría tuvo "dos componentes, el operacional y el financiero: allí hay una proyección de flujo de caja que nosotros verificamos, por lo que había ciertas condiciones complejas para la empresa. La responsabilidad principal de la administración de la empresa la tiene Subus, no el gobierno".
En ese informe -cuyos resultados finales se darán a conocer en julio-, se consigna que la concesionaria requiere alrededor de $ 20 mil millones para superar su situación, la que incluye una deuda con los bancos HSBC, Bancolombia, de Puerto Rico y Hong Kong and Shangai Banking Corporation, junto a Sumimoto Mitsui Banking. Su condición llevó a que iniciara un proceso judicial para poder presentar un acuerdo de pago a sus acreedores y así evitar su liquidación. Subus tiene compromisos por US$ 180 millones con diversas compañías.
En la firma se planteó que "siempre confiamos en que los informes realizados por auditores independientes, contratados por la autoridad de transportes, iban a corroborar la situación que hemos venido exponiendo desde hace meses". El operador agregó que esperan que "dichos informes den fundamento a la autoridad para hacer las adecuaciones que corresponden a nuestro contrato y así asegurar la continuidad de la compañía".
Rechazo
La investigación sobre las finanzas fue solicitada por el Ministerio de Transportes, luego de que en octubre de 2015 se aceptara la petición de Subus de una revisión extraordinaria del contrato.
A nueve meses de las tratativas, desde Transportes se explica que se le presentó una propuesta de modificación de contrato a Subus, donde se incluyó la entrega de recursos por la condición de "trabajo pesado" que poseen los conductores (lo que representa menos del 5% de las platas que requiere la compañía). La iniciativa fue rechazada por Subus, pues la firma consideró que se debían incluir también otros factores en la negociación.
El ex coordinador del Transantiago, Raimundo Cruzat, sostuvo que entre las posibles razones por las que Subus habría llegado a esta condición financiera figura el aumento de la evasión del pago de pasaje, que creció de 32,4%, en diciembre pasado, a un 38,6% en el primer trimestre de este año.
Cruzat añadió que otra posible causa de la crisis es que "la ubicación de las terminales y cabeceras (donde parten los recorridos) es distante, lo que implica kilómetros que no son pagados". A esto se suma que la mayoría de su flota corresponde a buses articulados, lo que eleva los costos de mantención.
