Si las autoridades del gobierno central mexicano esperaban que los avances que entregó la Fiscalía General mitigarían la exigencias de justicia por la desaparición de los 43 estudiantes, se equivocaron de forma rotunda.
Lejos de calmar las demandas de verdad sobre los hechos ocurridos en Iguala, la opinión pública mexicana ha reaccionado con profundo dolor e incluso ira al conocer los macabros hechos que vivieron los normalistas y cómo se coludieron autoridades municipales, policiales y carteles narcotraficantes para ejecutar a los estudiantes.
Anoche, un grupo de manifestantes incendio una de las puertas del Palacio Nacional de México, y hoy una marcha, que comenzó en Iguala, llegó al Zócalo, o plaza de armas de Ciudad de México, para protestar por la muerte de los 43 normalistas, la pasividad de las autoridades centrales con la investigación, la violencia que reina en el país y la profunda corrupción que afecta a todos los niveles del Estado.
La tensión crece, dado que después de los desmanes de anoche, hoy los manifestantes son esperados por un alto número de policías federales en las cercanías al Zócalo.
De hecho, esta vez, las fuerzas policiales rodean el Palacio Nacional para que no se repitan los incidentes del sábado.
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