Los hispanos representan casi el 50% de las personas sentenciadas por delitos federales en EE. UU., según estadísticas reveladas esta semana. En comparación, el año pasado eran el 16% de toda la población del país norteamericano.

El rápido crecimiento se debe a la aceleración de las audiencias en la corte a lo largo de la frontera.

Las sentencias por delitos de inmigración, que van desde el cruce fronterizo ilegal hasta el contrabando de personas, representan un 87% del aumento en el número de hispanos enviados a la cárcel en la última década, según un análisis de los datos de la Comisión Federal de Sentencias.

Algunas de las audiencias judiciales aceleradas son parte del programa Operación Eficiencia, que comenzó en el 2005 en Del Río, Texas, y pronto se extendió a otros sectores de la Patrulla Fronteriza. Antes de ese año, los que entraban ilegalmente eran acusados de contravenciones federales, pero muchos inmigrantes mexicanos simplemente eran devueltos tras la frontera.

La mayoría de las declaraciones de culpabilidad se presenta en español y miles de ciudadanos mexicanos terminan presos todos los años por entrar al país sin los documentos necesarios.

El juez federal Rubén Castillo, quien se retiró de la Comisión de Sentencias en diciembre pasado, consideró que "hay un uso de los recursos de la justicia penal que no tiene sentido. ¿Acaso estamos sencillamente sumando cifras para que parezca que hacemos más ante los delitos de inmigración y de drogas, o estamos haciendo algo efectivo? Mi pregunta es, ¿estamos gastando el dinero en la forma adecuada? Yo tendría muchas preocupaciones en este aspecto".

Los programas de justicia acelerada también han planteado preocupaciones por los derechos constitucionales de los detenidos y el enorme volumen de trabajo en los tribunales. Algunos críticos señalan que los programas han sobrecargado el sistema judicial y distraído a las autoridades de la necesidad de combatir delitos más severos.