Más de 11 mil denuncias recibió la Superintendencia de Educación durante 2016, aumentando en más de 700 acusaciones en comparación con 2015. De acuerdo a las cifras entregadas por la institución, la mayoría de las quejas son por medidas disciplinarias, agresiones sexuales y discriminación.

Así, los reclamos por agresiones sexuales -que involucran delitos como violación o abuso sexual- aumentaron de 115 a 132. En tanto, aquellas por comportamiento de connotación sexual que no constituyen agresión subieron de 123 a 154.

En otras aristas, las quejas por discriminación por características físicas y/o apariencia personal crecieron de 74 a 120. En tanto, las acusaciones por discriminación por discapacidad física o intelectual tuvieron un alza de 97 a 115.

Respecto de las acusaciones por este tipo de situaciones, el superintendente de Educación, Alexis Ramírez, señaló que esto se debe a que "los apoderados están más alertas frente a la discriminación y dispuestos, también, a denunciar las situaciones".

Además, explicó Ramírez que la entidad que lidera "investiga los hechos y se sancionan las infracciones a la normativa escolar". Además, señaló que el organismo ofrece instancias de mediación para arreglar los problemas.

Por otro lado, sobre los reportes por agresiones sexuales, el superintendente indicó que estos casos están siendo más denunciados, porque los padres "no tienen temor a hacerlo, a diferencia de antaño, que predominaba el silencio. Otro factor es que hoy se escucha más a los niños; se cree lo que dicen y éstos se atreven a contar más sobre las cosas que les pasan".

Ambas situaciones, según expertos, demuestran que los apoderados están más empoderados y aprovechan las herramientas que hoy existen para hacer denuncias.

Verónica López, directora del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar (Paces), sostuvo que el aumento de algunas áreas se debe a que "la ciudadanía se ha dado cuenta de que a través de las quejas a la superintendencia pueden encontrar respuestas a sus problemas".

Misma visión tiene Pilar Calderón, decana de la Facultad de Educación de la U. Central, quien agregó que no es que haya más casos de discriminación o agresiones sexuales, sino que ahora "hay una institucionalidad que permite realizar una denuncia más clara".

Con todo, el aumento de quejas, especialmente sobre discriminación, "da cuenta de que tenemos un problema que tiene que ver con que no somos capaces de ser inclusivos", explicó Calderón, quien agregó que ese es un trabajo que le "corresponde al Estado hacer. Debe entregar una mirada inclusiva para evitar situaciones así".

Para López, es grave que aún se discrimine por discapacidad física o intelectual. En ese sentido, la experta señaló que "como país tenemos una deuda importante. Hay un decreto que establece medidas de apoyo a estudiantes con necesidades especiales, pero el decreto está pensado con una lógica de integración y no de inclusión".

Ley de Inclusión

Hace un año comenzó a regir la Ley de Inclusión, iniciativa que terminará con el copago y la selección. La medida, además, prohíbe que los colegios tomen medidas disciplinarias como la suspensión de clases o expulsión de un alumno. Y justamente estas denuncias bajaron durante 2016. Si en 2015 hubo 489 quejas por la expulsión de un estudiante, el año pasado esta cifra bajó a 313.

De acuerdo al superintendente, "la reducción refleja un leve avance. Lo importante es que las escuelas transiten hacia una disciplina de carácter formativa. Se trata de no reducir la disciplina solo a la aplicación de sanciones, sino que generar herramientas para un cambio de conducta del estudiante".

Hay un área de las denuncias, relacionada con la ley, que sí aumentan. Es el caso de las quejas por exigencia de los colegios a comprar textos escolares adicionales, que pasaron de 23 a 33.

Ante esto, Ramírez sostuvo que no se puede exigir la compra de textos diferentes a los que entrega el Mineduc o útiles de determinadas marcas, "pues muchas veces las familias no están en condiciones de adquirirlos. Lo relevante es que el niño o niña esté en la sala de clases y no fuera de ella", dijo.

Con todo, aún no se puede ver el impacto de la Ley de Inclusión. En ese sentido, López señaló que la iniciativa tiene poco tiempo de vigencia y que "en dos o tres años podremos ver el impacto de la norma y ahí determinaremos cómo se reconfigura la composición de os estudiantes al interior de la sala y si hay menos segregación por nivel económico".