En el documento del Departamento de Estado de EE.UU. también se relata la forma como Chile ha combatido el delito de trata de personas, y realizaron una mirada crítica a las penas dictadas contra los imputados en los casos.
"El gobierno incrementó sus esfuerzos en perseguir este delito; sin embargo, las penas para los traficantes (de personas) fueron inadecuadas, dado que ninguno de los ocho condenados fue a prisión", señala el informe.
Respecto de este punto, el análisis de las autoridades estadounidenses indicó que las unidades policiales chilenas abrieron 23 nuevas investigaciones el año pasado por tráfico de personas, de las cuales cuatro fueron por móvil sexual y 19 procesos judiciales por trata con fines laborales. Más adelante indican que estas cifras muestran un aumento en relación a 2015, cuando se registraron solo 15 indagatorias en total de este tipo.
"La autoridades persiguieron criminalmente 109 casos por facilitación de trata de menores de edad con fines sexuales, comparado con las 94 investigaciones de 2015. El gobierno chileno obtuvo condenas contra ocho imputados por trata de personas. Sin embargo, estos sentenciados no recibieron penadas que incluyeran reclusión en un recinto penitenciario, a pesar de que sí estuvieron en prisión preventiva durante el proceso. Tuvieron una pena en libertad, a pesar de la gravedad de este tipo de delito", señala el documento del Departamento de Estado.
Además, el análisis da cuenta de la creación de grupos especializados para combatir estos ilícitos en Chile, los que están compuestos por efectivos de la policía, la fiscalía y el gobierno, como funcionarios del Sename o asistentes sociales.
Perfil
En el informe además se da cuenta del perfil elaborado por las autoridades estadounidenses sobre el delito de trata y tráfico de personas. "Como se informó en los últimos cinco años, Chile es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños sometidos a trata sexual y trabajo forzoso. Algunos traficantes pueden reclutar a niños que permanezcan en centros de protección infantil", manifiesta el documento.
Respecto de las labores que realizarán las víctimas de este ilícito, indican que "son explotados en trabajos forzados en la minería, agricultura, construcción, venta ambulante, restaurantes, confección y servicio doméstico. Los inmigrantes chinos pueden ser vulnerables a la trata sexual y al trabajo forzado, y las mujeres coreanas son afectadas por el tráfico sexual".
Otro punto da cuenta de la dificultad que existe de parte de algunas víctimas para poder denunciar.
"Burdeles en pueblos pequeños son visitados frecuentemente por oficiales policiales, lo que disuade a potenciales víctimas de trata de reportar el delito. En 2016, las investigaciones policiales y las sentencias dan cuenta de que hubo un aumento de ciudadanos ecuatorianos, mujeres, hombres y niños, que sufren este ilícito en Chile", señala el informe.
