La Ley de Transparencia permite que cualquier ciudadano tenga derecho a acceder a la información que poseen los organismos públicos. Sin embargo, las instituciones requeridas también pueden negarse a entregar sus datos, a través de recursos en las cortes de apelaciones del país, lo que al parecer estaría siendo cada vez más recurrente.

Así dan cuenta los antecedentes que maneja el Consejo para la Transparencia (CPLT), ente encargado de velar por la entrega de información de carácter público. Según las cifras que maneja la institución, en 2014 los recursos de ilegalidad presentados por distintas entidades fueron 70; en 2015 llegaron a 75, y en 2016 ascendieron a 110 .

Esto da cuenta que entre 2015 y 2016 se registró un aumento del 46% de los recursos presentados a los tribunales.

Según el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María: "El acceso a la información es un derecho fundamental y su denegación debilita la democracia e incrementa los niveles de desconfianza que tienen los ciudadanos. Además, cuando se instalan barreras de acceso hacia la información pública, se afecta nuestra institucionalidad y se perjudica la participación ciudadana".

De los reclamos interpuestos por las instituciones en 2016, 70 fueron rechazados, ratificando los criterios interpretativos que se han ido construyendo durante la vigencia de la Ley de Transparencia.

"Las instituciones de las Fuerzas Armadas son quienes más utilizan esta causal de reserva de información. Sin embargo, la Corte de Apelaciones ha sido bastante restringida en la aplicación de dicha causal y ha entendido que las excepciones a la publicidad se interpretan y aplican restrictivamente. No obstante, en la Corte Suprema, acogiendo los recursos de queja, el panorama es distinto, pues las instituciones han logrado que el máximo tribunal, en algunos casos, declare secreta o reserva la información precisamente por esa causa", dijo Santa María.

En tanto, para el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Alvaro Flores, "la judicialización en el ámbito de una competencia administrativa es algo absolutamente normal. Todas las causas que deban ser conocidas tienen que tramitarse, ya que eso es parte de la función pública que se cumple. No tengo ninguna duda de que se está cumpliendo un mandato legal".

En cuanto a las entidades que más requerimientos presentan, Santa María dijo que "son el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Ejército de Chile, Carabineros, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el Registro Civil y empresas privadas que reclaman en calidad de terceros afectados".

Uno de los casos de esta judicialización de la Transparencia fue lo que ocurrió en 2015, cuando se solicitó la nómina de ex agentes CNI al Ejército. La institución recurrió a la Corte de Apelaciones para no entregar la información.

En tanto, en 2016, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió la apelación que en 2013 hizo el rector de la Universidad de Santiago (Usach), Juan Manuel Zolezzi. El tribunal confirmó la resolución del Consejo para la Transparencia que sancionaba al rector de la Usach. El fallo resolvió multar a la autoridad universitaria, quien deberá pagar el 20% de su remuneración mensual por no proporcionar información a docentes que habían solicitado antecedentes sobre su desvinculación.

Durante 2016, los resultados de la Unidad de Defensa Judicial mejoraron considerablemente respecto de años anteriores, aumentando en un 13,44% el porcentaje de decisiones reclamadas que han sido confirmadas por las cortes de apelaciones.