La Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, presidida por la intendenta Ximena Matas, aprobó esta mañana por unanimidad el proyecto termoléctrico Central Castilla del millonario brasileño Eike Batista y que involucra una inversión de US$4.400 millones.

A la sesión, que comenzó a las 8.30 horas en la Intendencia de Atacama, fueron citados 11 servicios evaluadores para pronunciarse sobre el proyecto que lleva más de dos años en tramitación ambiental, ya que éste ingresó al sistema de evaluación en diciembre de 2008.

La futura mega central a carbón estará emplazada al interior de la Hacienda Castillla, en el sector de Punta de Choros y a unos 80 kilómetros de Copiapó, en la región de Atacama. La iniciativa contempla la construcción de seis unidades a carbón de 350 MW cada una, que aportarán al Sistema Interconectado Central (SIC) un total de 2.100 MW.

La discusión y posterior votación se realizó en el Salón Carlos María Sayago de la Intendencia y se extendió por más de dos horas y no estuvo exenta de discusiones.

El proyecto Castilla se destrabó la semana pasada, luego que el seremi de Salud de Atacama, Nicolás Baeza, ratificara a la inciativa como un proyecto "molesto" y no "contaminante", una definición clave para su desarrollo, ya que resulta compatible con el uso de suelo de la zona.

La Central se desarrollará en etapas y se estima que la construcción de todas las unidades podría tomar más de 15 años. Durante la construcción de cada unidad se generará un  "peak" de 1.800 puestos de trabajo directo y más de 5.000 empleos indirectos.

APROBACION CONDICIONADA
Durante la reunión de esta mañana, los miembros de la comisión ambiental presentaron una serie de condiciones relacionadas al proyecto, las que posteriormente fueron votadas y aprobadas por la unanimidad de los miembros.

Tras esto, se procedió a votar la calificación de la iniciativa, la que fue favorable aunque con requisitos, entre los cuales se estableció que durante su desarrollo habrá una auditoría externa e independiente que de cuenta del cumplimiento de todas las exigencias ambientales definidas.

La intendenta Matas explicó, posteriormente, que esta auditoría será financiada por la empresa, aunque será la comisión la que determine qué empresa la realizará y que éstas serán públicas, porque forman parte del expediente y para que la comunidad esté al tanto de lo que ocurre.

Para ello, la empresa deberá presentar una terna, luego de haber realizado una licitación. Además, los monitoreos se harán constantemente y serán de carácter público.

Otra de las condiciones es que se redujo la capacidad de generación en 150 MW.