Ante el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que prohíbe el cierre de calles y pasajes, los alcaldes de Peñalolén, Claudio Orrego, y San Joaquín, Sergio Echeverría, junto al diputado Cristián Monckeberg, anunciaron un nuevo proyecto para revertir la decisión del TC.
El alcalde Orrego junto con lamentar este resultado, aseguró que "es un tremendo sentimiento de inseguridad a miles de familias de clase media que habían logrado tener la esperanza de poder cerrar sus calles o pasajes, bajo esta nueva normativa."
"Existe la posibilidad de crear un nuevo proyecto de ley muy acotado que subsane el vicio de inconstitucionalidad que decretó el tribunal", agregó el edil.
Dichos a los que se sumó el diputado Monckeberg, quien manifestó su intención de presentar un nuevo proyecto. "Vamos a trabajar en levantar una nueva propuesta legal, le vamos a pedir al gobierno que la analice junto a nosotros, que le de la urgencia necesaria para que se tramite los primeros meses de este 2011", expresó.
Por su parte, el presidente de seguridad ciudadana del pasaje Ailinco, Freddy Díaz, recalcó que gracias a la instalación de rejas hace 4 años, se logró terminar con los robos que afectaron a todas las viviendas del pasaje.
"El tema no sólo ha pasado por el asalto residencial, sino también en la vía pública. Aquí teníamos cosas como el alojo de vehículos robados que venían a botar aquí dentro, el pasaje era muy oscuro. (Había) drogadicción, consumo de alcohol y todo lo que te puedas imaginar dentro de aquí. Pasamos de este tipo de robo a 0 en 4 años", sentenció.
En tanto, el jefe comunal de San Joaquín, quien además preside la comisión de seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, dijo que este pronunciamiento "nos parece un poco discriminatorio", ya que "a los sectores medios y populares se les restringe la posibilidad de reestructurar sus barrios con sistema de condominio siendo todos los proyectos inmobiliarios que se desarrollan en las comunas de mayores ingresos son precisamente sistema de condominios".
En 2010 el Congreso aprobó la medida que pretende entregarle atribuciones a las municipalidades para determinar el cierre de calles, pasajes y vías locales. No obstante, el Tribunal Constitucional rechazó esta iniciativa argumentando que son bienes públicos y que sólo las calles sin salida podrán cerrarse.
