Las autoridades del estado norteño de Nuevo León presentaron iniciativas de reformas legales para prohibir la instalación de casinos, luego del ataque incendiario a un local de Juego atribuido al cartel de Los Zetas y que dejó un saldo de 52 muertos.

"En Nuevo León no queremos más casinos, nos aseguraremos que los que ya operan lo hagan de manera clara", dijo el gobernador Rodrigo Medina momentos antes de firmar las iniciativas

Afirmó que también promoverá modificaciones a normas federales para que ninguna concesión de casinos sea otorgada en el país sin el previo reconocimiento de las autoridades estatales y municipales.

Las reformas plantean la prohibición de nuevos casinos. Permanecerán los que ya existen en el estado pero su actividad será vigilada, dijo Medina.

Las Autoridades han detenido hasta ahora a cinco presuntos miembros de Los Zetas, quienes confesaron haber participado en el ataque incendiario del 25 de agosto al Casino Royale de Monterrey.

El gobierno estatal ha dicho que al menos otras siete personas participaron en el atentado, cuyo móvil aparentemente fue la extorsión. El ataque llevó al gobierno a declarar tres días de luto nacional y ha generado un debate sobre la manera en que operan ese tipo de centros de entretenimiento.

La propuesta de Medina fue hecha el mismo día que el diario Reforma divulgó un video y fotografías supuestamente del hermano del alcalde de Monterrey Fernando Larrazábal recibiendo dinero de un hombre en un casino.

El diario señaló que mientras el alcalde "encabeza en Monterrey una ofensiva en contra de casinos a los que acusa de operar fuera de la ley, su hermano Manuel Jonás Larrazábal ha acudido en múltiples ocasiones a recibir pagos en casas de apuesta".

El edil dijo a la prensa que no se podía responsabilizar de las acciones de su hermano y aseguró que pedirá a la Procuraduría estatal que investigue los hechos para que, en caso de ser responsable de alguna irregularidad, sea llevado a la justicia.

"Los actos de mi hermano no me puedo yo hacer responsable".

La Secretaría de Gobernación federal, responsable de dar los permisos a las casas de juego en México, aseguró que en el actual gobierno que inició en diciembre del 2006 no se ha otorgado ningún permiso propio, sino sólo a raíz de procesos judiciales iniciados por empresas con anterioridad.

La autoridad federal informó esta semana que actualmente hay 27 permisos que amparan la operación de 561 establecimientos, aunque sólo se tiene el reporte de que 306 funcionan.