Una reforma a la justicia penal militar, impulsada por el gobierno colombiano, avanzó hoy y quedó a dos debates de convertirse en ley luego de que la iniciativa fuera aprobada en la sexta de ocho discusiones en el Congreso.
Un comunicado del Ministerio de la Defensa explicó que en la plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto recibió 97 votos a favor y 8 en contra, lo que despeja la vía hacia la enmienda constitucional que regula la justicia penal militar en Colombia.
El ministro colombiano de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, agradeció el compromiso y la voluntad de la Cámara de Representantes en el trámite de esta iniciativa, "que no busca cosa diferente a brindarle seguridad jurídica a la Fuerza Pública en su operación diaria".
Pinzón recalcó que "tal y como lo reconocen los honorables congresistas, la Fuerza Pública necesita contar con un marco jurídico claro y estable que permita a quienes planean y a quienes ejecutan las operaciones, tener claridad a cerca de los alcances y de los límites que puede y debe tener cada una de las operaciones a desarrollar".
Explicó que el Acto Legislativo aprobado "garantiza que el país cuente con un sistema de justicia especializada que se encargue de juzgar las operaciones desarrolladas en el marco del conflicto armado y cobijadas por el Derecho Internacional Humanitario".
Agregó que la iniciativa asegura que los operadores de justicia "tengan la claridad sobre su competencia y sobre los criterios a utilizar en el momento en que se requiera el juzgamiento de determinada operación y define claramente las competencias de la justicia ordinaria y la justicia penal militar".
Incluso, según Pinzón "describe de manera explicita aquellas conductas que por su gravedad serán en todos los casos juzgadas por la justicia ordinaria. Estas son: genocidio, lesa humanidad y desaparición forzada".
Indicó, además, que los casos de "falsos positivos" -ejecuciones de civiles por parte de militares, que los reportaban como rebeldes caídos en combate,- o para "delitos que no hagan parte del servicio", establece que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación los revisen uno por uno y de manera conjunta para determinar si conforme al derecho van a la justicia penal militar o a la justicia ordinaria.
Según Pinzón, Colombia puede tener la tranquilidad "de que estas reformas lo único que logran es fortalecer el sistema de administración de justicia" y están lejos de "promover impunidad, lo que hace es cerrar brechas y definir con claridad zonas grises que en la actualidad llevan a confusiones".
En la pasada legislatura, que culminó el pasado 20 de junio, el proyecto del fuero militar no logró prosperar, por la preocupación de algunas bancadas por la posibilidad de que delitos como genocidio, tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violencia sexual y reclutamiento infantil quedaran impunes.
