El presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), Jorge Awad, se refirió este viernes al fallo del Tribunal de la Libre Competencia (Tdlc) que sancionó con US$60 millones a Ariztía, Agrosuper y Don Pollo por coludirse por más de 10 años para controlar los precios y la producción de la industria.

"Yo creo que es un tema de la más alta gravedad", afirmó Awad, agregando que no se va a pronunciar de forma definitiva hasta que la Corte Suprema emita su fallo.

Aunque precisó que si la Corte Suprema confirma el fallo del TDLC, "es un tema de la más alta preocupación y los gremios empresariales tienen que hacer todas las cosas para que esto nunca más vuelva a ocurrir". En esta línea enfatizó que si ello ocurre las empresas avícolas que participaron de la colusión deben ser sancionados por la Justicia, pero además "mi posición es que deben ser expulsados de las asociaciones (gremiales) en las que participan".

De este modo, el titular de la Abif pidió "castigos ejemplares" si es que el fallo de la Corte Suprema se confirma.

Además, Awad criticó que un país con el nivel de desarrollo de Chile haya sistemas de regulación de la libre competencia que se hayan demorado tantos años en llegar a una resolución, ya que recordó que este proceso venía desarrollándose desde mediados de la década de 1990.

CASO PENTA

Respecto del caso Penta, donde se acusa a sus fundadores y actuales controladores Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín de financiar las campañas políticas de miembros de la UDI, Jorge Awad dijo que "esto está intímamente ligado a que hay que resolver definitivamente la relación entre la política y los aportes para las campañas".

Awad indicó que es un tema que no puede seguir eludiéndose y que se debe solucionar. En esta línea expresó que él es "partidario de que las campañas políticas tengan aporte público", debido a que -explicó- si no hay aporte público en la materia eso se consigue a través de los privados y muchas veces no se transparenta.

Sobre este último punto, apuntó que la forma de transparentar la situación es partir de la idea que la política es un bien público, por lo que debe ser financiado por recursos públicos.