La Mandataria Michelle Bachelet ingresó al Senado un proyecto de ley que busca eliminar la facultad del Presidente de la República de otorgar un indulto particular en el caso de reos que cumplan condena por violaciones a los DD.HH. y que tienen enfermedades terminales o estén enajenados mentalmente.
De esta manera será el tribunal de garantía el que mediante resolución fundada y previa acreditación del estado de salud terminal el que podrá disponer el reemplazo de la pena privativa de libertad por la de arresto domiciliario total, lo que tiene un claro fundamento humanitario.
Para acceder a estos beneficios de conmutación de pena, los presos deberán cumplir dos requisitos: que aporten antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en causas criminales por delitos de la misma naturaleza (de lesa humanidad) y que demuestren su arrepentimiento.
Desde la UDI la iniciativa fue calificada como "un gran avance" por el senador Hernán Larraín, quien valoró que "ayuda a resolver casos graves".
Sin embargo, sostuvo que no está de acuerdo que en el caso de los delitos de lesa humanidad se pongan requisitos adicionales a quienes quieran optar a este beneficio.
"La razón por la que se está avanzando en este tema es de dignidad y humanidad, y no por la naturaleza de los delitos. Por lo que los requisitos contradicen el principio inspirador, porque el derecho humanitario no exige", explicó.
El proyecto fue ingresado sin urgencia, por lo que se espera sea analizado en el próximo gobierno. "Me parece que es un proyecto largamente anhelado y espero que se le pongan todas las urgencias posibles porque hay que abordar seriamente este problema respecto a todos los presos que tienen enfermedades terminales o facultades mentales perturbadas".
