Si bien se esperaba que en marzo de este año el proyecto de incentivo al retiro para los funcionarios del sector público fuera ingresado al Congreso para su tramitación, fue finalmente la Presidenta Michelle Bachelet, quien hizo saber que la iniciativa sería enviada antes de este martes.

El 14 de junio, la Mandataria envió una misiva a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), en donde destacó que "de manera inédita se ha concordado un proyecto de ley de incentivo al retiro que tendrá una duración hasta el 2024, lo que lo convierte en el plan más completo que ha existido hasta la fecha".

En la carta, la Presidenta sostiene que se le instruyó al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y a su par de Trabajo, Ximena Rincón, que el proyecto ingrese al Congreso  antes del 28 de junio.

Fuentes de gobierno, aseguraron que hoy la iniciativa ya está redactada y sólo faltan las firmas correspondientes.

Proyecto

A fines del año pasado, la Anef junto a la Dirección de Presupuestos (Dipres) acordaron que el nuevo incentivo opere por 10 años, considerando el período entre el 1 de junio de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2024. De esta forma, se contempla que el total de beneficiarios potenciales sería de aproximadamente 17 mil funcionarios.

Sin embargo, en las últimas semanas el envío del proyecto se retrasó, debido a que Hacienda estuvo evaluando incluir un artículo que apuntaba a reemplazar un funcionario de cada dos que dejen la administración pública, con el objetivo de "lograr un ahorro fiscal".

Fuentes de la negociación aseguran que eso hoy se habría descartado y el Ejecutivo optaría por utilizar los cupos a contrata de los trabajadores jubilados con el personal a honorarios, contribuyendo al compromiso adoptado por el gobierno en el protocolo que firmó el ministro de Hacienda con su par de Trabajo, en julio del año pasado.

En el documento, ambas carteras comprometieron el traspaso de, a lo menos, 8.800 funcionarios de honorarios a contrata, entre 2015 y 2018.

En la misiva, Bachelet también destacó el protocolo de acuerdo suscrito a medidados del 2015, asegurando que se han destinado "importantes esfuerzos", pese a "las condiciones económicas complejas que estamos viviendo y que nos exigen ser especialmente responsables".