Ha pasado más de una semana desde que la Presidenta Michelle Bachelet y sus ministros entregaron sus declaraciones de intereses y patrimonio en cumplimiento de las leyes de probidad y transparencia.
Sin embargo, si bien la normativa fija exigencias para todos, deja al libre albedrío de las autoridades la difusión de los montos o avalúos del patrimonio de cada uno.
Así, por ejemplo, Bachelet declaró un patrimonio de $ 205 millones, detallando el valor de sus tres residencias, un todoterreno y capital ahorrado en la banca. El mismo criterio aplicaron los ministros Jorge Burgos, Máximo Pacheco, Claudia Pascual, Alberto Arenas, Helia Molina y Luis Céspedes.
El resto de los ministro optó por un criterio dispar. Por ejemplo, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, valorizó algunas cosas, pero dejó sin informar la tasación fiscal de sus dos propiedades. El vocero de Gobierno, Alvaro Elizalde, quien figura con participación del 50 por ciento en la Inmobiliaria Aurelio Cantabria, tampoco cuantificó su capital.
El marco regulatorio para las declaraciones de patrimonio e intereses es la Ley de Bases de Administración de Estado y su modificación, promulgada en 2006, que no obliga a valorizar bienes, salvo de pasivos "superiores a cien unidades tributarias mensuales". Asimismo, el reglamento de la Secretaría General de la Presidencia, que regula este tema, subraya el carácter voluntario. "El declarante siempre podrá incluir en su declaración otros valores, antecedentes y datos relativos a su patrimonio que estime conveniente consignar", dice el artículo 8 del texto.
En el año 2011, en tanto, el gobierno de Sebastián Piñera envió al Congreso una ley sobre probidad en la función pública que, tras algunas modificaciones, propone como obligatorio detallar montos de los bienes. En su artículo 8, el proyecto regula con avalúo fiscal a los vehículos y bienes inmuebles en el país. Para el patrimonio en el extranjero, el proyecto señala que "deberá indicarse el valor corriente en plaza". La reforma patrocinada por la administración anterior, se encuentra actualmente en segundo trámite en la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta.
Algunos parlamentarios ya han adelantado opiniones. Por ejemplo, el senador RN Alberto Espina apunta a la necesidad de precisar las cifras, pues así se podría fiscalizar modificaciones en el patrimonio de una autoridad mientras ejerció sus funciones. "Es necesario que se precise la información para efectos de que se conozca cual ha sido el cambio de patrimonio que ha tenido una autoridad en el ejercicio de su cargo", señaló.
La presidenta del Senado, Isabel Allende, concuerda con el criterio de Espina. "Siempre he sido partidaria de cuantificar la declaración, lo he hecho voluntariamente, siendo que no es obligatorio, en mi declaración de patrimonio e intereses. Incluso he puesto el valor comercial de las propiedades. Así tenemos acceso a la información de forma transparente en vez de una cosa general", sostuvo la senadora PS.
El DC Andrés Zaldívar, en tanto, no es partidario de fijar obligaciones. "También está la privacidad de datos. Por ejemplo, no se puede conocer el detalle de la declaración de impuestos, porque es lógico. Así como a los fiscales les corresponde investigar el delito, a las personas no le corresponde investigar los delitos. Todo lo que sea transparencia es bueno. Pero también tiene su límite", expresó el parlamentario.
