"Si hay situaciones como las que se produjeron en esos recursos, los hechos son los mismos, no hay ninguna otra cosa diferente, la resolución va a ser la misma. Los tribunales no dictan una resolución un día de una manera y otro día de otra", afirmó ayer el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, refiriéndose a los 30 fallos emitidos esta semana por el máximo tribunal contra las alzas de precio base de los planes de isapres.

Se trata de sentencias que rechazaron el reajuste anual que aplican las aseguradoras a los contratos de salud y que, además de declararlo arbitrario y unilateral, ordenaron el congelamiento del valor de los planes de los afiliados afectados, un criterio inédito en los fallos que se habían dictado hasta ahora contra las isapres.

Ballesteros, además, dijo a La Tercera que la Corte Suprema seguirá resolviendo las situaciones que se presenten, pero que "son cosas que debiera resolver la administración pública y no someternos a los tribunales a resolver situaciones de esa clase. Pero, bueno, estamos para hacer justicia, aun cuando no haya ley", afirmó.

En paralelo, el ministro Sergio Muñoz, miembro de la Tercera Sala que evacuó esta semana los fallos contra las isapres, precisó que la comunicación que hacen las isapres a sus afiliados de los reajustes -a través de la carta de adecuación- no aclara los motivos de las alzas.

"La comunicación de las isapres va carente de justificación y, por lo tanto, nosotros la hemos declarado arbitraria. Ellos tienen la habilidad legal, la competencia, la atribución para resolver como lo estimen pertinente, porque la ley les ha reconocido esa competencia, pero nosotros hemos entendido que el amparo constitucional que se les da a las personas es en relación al contrato, no es en relación a una carta, y si esa carta se mantiene en el futuro, en las condiciones que ahora se ha empleado, no puede ser. Eso es lo que hemos tratado de especificar en esta ocasión", aclaró Muñoz.

El ministro, además, explicó que se han dispuesto recursos adicionales para atender la alta demanda de recursos de protección que, según las estadísticas del Poder Judicial, llegaron a 43.407 sólo en la Corte de Apelaciones de Santiago.

"Hemos instalado una oficina especial con aproximadamente 40 personas para la tramitación de estos recursos", precisó Muñoz.