Durante los primeros días de enero pasado, cuando aún faltaban cuatro meses para que comenzara a regir la reforma laboral que estableció disposiciones para el ejercicio del derecho de huelga, que reconoce la provisión de servicios mínimos y equipos de emergencia, la Asociación de Bancos (Abif), liderada por Segismundo Schulin-Zeuthen, entregó a la Superintendencia de Bancos (SBIF) una propuesta genérica sobre este tema.
El gremio identificó más de 30 procesos que en caso de huelga debiesen ser considerados para garantizar la prestación de servicios bancarios, cuyo eje central de definición -enfatizó la colectividad- fue la preservación del funcionamiento del sistema de recaudación y pagos, lo cual determina e influye en la operación de la economía en general.
El documento enviado por la Abif señala que "para dimensionar esto, basta imaginar qué ocurriría si las empresas y/o personas no pudieran realizar sus pagos y/o recibir sus remuneraciones. Concretamente, cómo se canalizarían los pagos de las 18,5 millones de tarjetas de débito, el pago de pensiones a los aproximadamente 1,7 millones de pensionados, cuentas de ahorro y depósitos (20 millones), pagos de impuestos (IVA mensual, declaración renta, etc.), entre otros".
La industria explica que se debe considerar el elevado nivel de interconexión a través de las instituciones financieras, que incluye a todos los bancos. Además, plantean que es necesario contemplar en la definición de servicios mínimos las emergencias bancarias, como bloqueos y órdenes de no pago, entre otras. Además advierten que la determinación de los procesos críticos se ve influenciada por la duración del proceso de negociación y la cobertura geográfica de éstos.
Cadena de pago
La banca determinó que el servicio de caja, las operaciones con tarjetas de créditos, las transferencias electrónicas y las emergencias bancarias son parte de los procesos que deben ser garantizados de forma inmediata en caso de huelga. Además planteó otra serie de servicios críticos en un período intermedio (al segundo y/o tercer día de paralización), entre los que mencionan pagos de obligaciones tributarias y contribuciones y los pagos previsionales.
Para el abogado laboralista Huberto Berg, los requerimientos definidos por la banca "no son acciones que les permitan seguir generando ingresos sino más bien procesos que impiden que la comunidad se vea afectada. Me parece que se busca evitar daños al bien común, porque si la gente no puede recibir su dinero se daña a la sociedad completa".
El ex superintendente de Bancos, Ernesto Livacic, afirma que está de acuerdo en la calificación que realiza la banca en cuanto a servicios críticos inmediatos porque "efectivamente producen serios problemas y trastornos. Pero parte de la intermedia la encuentro un poquito forzada".
Además se incluyeron 14 procesos internos de los bancos, entre los que se encuentran la seguridad de las instalaciones bancarias, y se advirtió de la necesidad de contar servicios mínimos de proveedores como la red de cajeros y POS (Redbanc y Transbank), los proveedores de cadena de pagos electrónicos, entre otros.
La banca envió a la SBIF su propuesta genérica para que la tuviera en consideración y no porque necesitara que fuera aprobada por el organismo. Lo que ocurre es que en caso de que no se llegue a acuerdo en la definición de los servicios minimos entre la empresa y su sindicato, la Dirección del Trabajo (DT) zanja el tema, tras solicitar un informe técnico al organismo regulador o fiscalizador que corresponda, en este caso la entidad liderada por Eric Parrado.
Si bien en febrero el regulador envió una carta a los gerentes enfatizando que debían procurar "la oportuna adopción y el ejercicio de las medidas que les correspondan previamente al inicio de la negociación colectiva", lo que para muchos actores no fue satisfactoria, hace algunos días Parrado se juntó con la industria. La cita tuvo un efecto positivo en el sector, porque no sólo se sintieron escuchados sino tranquilos luego de que Parrado enfatizara que su misión no sólo es velar por la estabilidad y la solvencia del sistema, y de sus depositantes. Lo que se evidenciaría en decisiones como la norma asociada a la disponibilidad de cajeros automáticos, las medidas frente a los terremotos, entre otros.
