Seis son los argumentos que esbozó a principios de julio la Asociación de Bancos (Abif) ante diputados, para calificar de "inconstitucional" el proyecto de ley de fortalecimiento del Sernac, firmado en junio por la Presidenta Michelle Bachelet.
El proyecto ha sido fuertemente resistido por el gremio y hasta ahora la arremetida en su contra se ha manejado por una cuerda subterránea. De hecho, tras presentar sus reparos a la iniciativa el 8 de julio en el Congreso, el jueves pasado, Jorge Awad, presidente de la Abif, intensificó sus gestiones ante el gobierno y se reunió reservadamente junto a sus asesores con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, para tratar la materia.
Paralelo a las gestiones de Awad, en la Abif evalúan constituir una comisión técnica que estudie más reparos al proyecto de ley, instancia que sería liderada por Juan Esteban Laval, el nuevofiscal del gremio y hombre clave en el análisis de lainiciativa.
Awad y Laval cuentan con la asesoría en este tema del abogado Francisco Zúñiga, quien también presta paralelamente asesorías específicas al Ministerio de Hacienda. A comienzos de mes y acompañado por Awad, el abogado detalló los reparos de "inconstitucionalidad" al proyecto de ley ante la Comisión de Economía. El documento presentado por asesor de la Abif, al cual tuvo acceso La Tercera, sólo estaba en conocimiento de los diputados, en la línea con la estrategia del gremio de tratar con sigilo el tema.
La idea de la entidad es lograr introducir indicaciones al proyecto. Para ello, tiene plazo hasta el 12 de agosto, fecha en la que cierra la recepción de las mismas. Desde el gobierno, en tanto, trabajan en su propia batería de indicaciones a cargo del asesor de Céspedes, Jorge Grunberg, quien elaboró gran parte del proyecto del nuevo Sernac y también la iniciativa para regular los contratos financieros conocida como consentimiento expreso, reglamento que sacó ronchas en el gremio.
LOS REPAROS DE LA BANCA
El proyecto incluye entre sus principales cambios otorgar al Sernac -que seguirá dependiendo del Ministerio de Economía-, la posibilidad de aplicar directamente multas por infracciones a la Ley del Consumidor, atribución reservada hasta ahora a los tribunales de justicia -típicamente los juzgados de policía local-, y las superintendencias.
Según la presentación de Zúñiga ante los diputados, "de insistir el proyecto en esta propuesta podría generarse un problema de constitucionalidad", pues "si bien un órgano de la administración puede tener funciones jurisdiccionales en caso que el director regional del Sernac tuviera que ordenar devoluciones de dinero, éstas sólo podrían ser consecuencia de la declaración de nulidad o la resolución de una cláusula o contrato de adhesión".
En esa línea, el abogado detalló que "dicha declaración de nulidad o de resolución solamente puede ser hecha por un tribunal establecido en la ley, y como consecuencia de acciones de naturaleza declarativas encausadas en un proceso entre particulares (consumidores y proveedores)".
Zúñiga planteó también reparos a las facultades cautelares que el proyecto de ley otorga al Sernac. Entre ellas, dice el asesor, "suspender emisión radial o ingresar a establecimientos para fiscalizar, con auxilio de la fuerza pública".
Según argumenta el asesor de la Abif, esas "son manifestaciones de la potestad jurisdiccional residenciadas en el Poder Judicial" y que si se le otorga al Sernac esta atribución, "podría generarse un problema de constitucionalidad, ya que el artículo 76 inciso 3º de la CPR (Constitución) ordena que esta potestad se residencia en los 'tribunales establecidos por la ley'".
El asesor de la Abif también cuestionó la exclusión de los tribunales civiles para requerir de indemnización a los consumidores, facultad que pasaría directamente al Sernac. En esa línea, también calificó como inconstitucionales el alza en el monto de las multas, el nuevo mecanismo para nombrar y remover al director nacional del Sernac, y un mecanismo de interrupción de la prescripción basado en cualquier requerimiento formal del Sernac al proveedor.
