Una fuerte crítica realizaron los gremios ligados a la banca y el comercio a los dos decretos lanzados ayer por el Ministerio de Economía, que buscan establecer nuevos reglamentos para regular los contratos financieros y las tarjetas de crédito.

Según los gremios, estos nuevos reglamentos, que estarán disponibles para observaciones y comentarios del público hasta el 18 de agosto, no terminan con la "incertidumbre jurídica" en la materia.

La nueva versión del reglamento de consentimiento expreso presentado por el titular de Economía, Luis Felipe Céspedes, establece entre sus principales puntos los medios bajo los cuales se puede obtener la aprobación inequívoca de los clientes para modificar contratos financieros, y la prohibición a los proveedores de modificar estos contratos, sean de la naturaleza que sean, de forma unilateral.

La segunda normativa presentada por Céspedes, que regula las tarjetas de crédito, impide a los oferentes de  plásticos bancarios y no bancarios renovar sus contratos de plazo fijo automáticamente sin el visto bueno de sus contrapartes, es decir, de sus clientes.

CRÍTICAS DE GREMIOS

Según la banca, al no reconocer la facultad del proveedor de poner término a los contratos de duración indefinida, en caso que el consumidor rechace expresamente la propuesta de modificación o no manifieste su voluntad dentro de un plazo determinado, los transformaría en acuerdos perpetuos, de lo que se desprende en la práctica una fijación de precios.

Esto "se aparta de las características de la industria financiera, donde las relaciones contractuales tienden a ser de larga duración y, además, atenta contra la libre competencia, afectando a los mismos consumidores, toda vez que el efecto práctico será que los contratos que ofrezcan los bancos serán a plazo fijo", dijo la Asociación de Bancos en un comunicado.

Con ello, sostiene el gremio, se está "afectando la oferta disponible de productos financieros, además de las dificultades prácticas a que se verán expuestos los consumidores, como, por ejemplo, al disponer de líneas de crédito a plazo fijo o al riesgo de que se presenten a cobro cheques girados contra una cuenta corriente cerrada por vencimiento del plazo de vigencia del contrato de la cuenta".

A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, indicó que "la imposibilidad de poner término a los contratos de adhesión puede generar una perpetuidad de la relación y, la verdad, es que  tiene que haber una fórmula de salida. Si los contratos no se pueden terminar, significa que se están fijando los precios".

En ese sentido, planteó como alternativa "el proyecto de ley presentado por el senador Eugenio Tuma", que "otorga condiciones razonables de salida de los contratos".

Consultado sobre una posible fijación de precios mediante estos mecanismos, el ministro Céspedes indicó que "quienes fijan los precios son los proveedores cuando hacen sus contratos y no el gobierno".

Sobre lo mismo, agregó que si las entidades "quieren cambiar las condiciones, tendrán que hacer ofertas más atractivas a los clientes".

Por otra parte, tanto Mewes como Claudio Ortiz, gerente general de Retail Financiero, criticaron que el reglamento de consentimiento expreso privilegie los medios electrónicos de manifestación de aprobación. Según Ortiz, sólo el "30% de nuestros clientes" ocupa esos medios.