"Las reglas del juego no se cambian a la mitad del partido, porque eso sería imprudente". Con esas palabras el presidente interino de BancoEstado, Enrique Marshall, cerró ayer la puerta a buscar mecanismos que permitan flexibilizar las actuales normas para poder otorgar créditos a candidatos al Congreso.
Esto, justo en momentos en que el Servel iniciaba gestiones para facilitar el financiamiento electoral. En las últimas horas, de hecho, el presidente del consejo directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, había tomado contacto con la Segpres para transmitirle al gobierno que la interpretación que estaba haciendo esa entidad finaciera de la legislación podía dejar en "letra muerta" normas relevantes de la nueva ley de financiamiento y probidad.
A las restricciones que han afectado a algunos candidatos a La Moneda como Alejandro Guillier, se suma el caso expuesto por el postulante al Senado de Amplitud, Oscar Rementería, quien señaló que BancoEstado le rechazó un préstamo esgrimiendo el artículo 57 de la Constitición, en el que se señala que no puden ser candidatos al Parlamento quienes "celebren o caucionen contratos con el Estado". Bajo esa lógica, le habrían informado que el banco ha resuelto no conceder créditos a quienes compiten por un escaño en el Congreso.
Según han transmitido desde el Servel, esta interpretación también podría dejar en una compleja situación a los actuales diputados Yasna Provoste, Juan Antonio Coloma y Leonardo Soto, quienes tienen créditos vigentes con Banco Estado y cuyas actuales candidaturas podría correr el risgo de ser impugnar ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) o el Tribunal Constitucional (TC).
El actual ministro de Economía -y quien fuera presidente de BancoEstado antes de asumir en el gabinete-, Jorge Rodríguez Grossi, también abordó ayer la controversia.
"El banco lleva adelante un criterio que viene desde 1995 basado en la Constitución de Chile, entonces no es mala o buena voluntad, es simplemente una exigencia de tipo constitucional", dijo el secretario de Estado.
