Barrick Gold  señaló este lunes que la producción de su proyecto Pascua Lama no se iniciará en el segundo semestre de 2014 como estaba previsto, mientras la compañía cumple con las exigencias de las autoridades medioambientales.

El retraso en la iniciativa, ubicada en la frontera de Chile y Argentina, conducirá a mayores costos de capital, agregó.

Barrick elevó la estimación de costos para el proyecto dos veces el año pasado, hasta un máximo de US$8,5 mil millones.

El 24 de mayo la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) aplicó una multa de unos $8 mil millones a la minera canadiense Barrick por incumplimientos en su proyecto Pascua Lama y paralizó las obras de la iniciativa mientras la empresa no ejecute el sistema de manejo de aguas en la forma prevista en su Resolución de Calificación Ambiental.

Barrick indicó que no está en condiciones de evaluar plenamente en este momento el impacto de resolución de la SMA sobre el presupuesto de capital, gastos de funcionamiento y el calendario del proyecto.

La reactivación del proyecto Pascua Lama podría tomar al menos entre uno y dos años, mientras la firma cumple con obras definitivas para el manejo de aguas, dijo recientemente el Superintendente de Medio Ambiente, Juan Carlos Monckeberg.

La semana pasada Minera Nevada SpA, subsidiaria de Barrick Gold, pagó la multa impuesta por la SMA. La firma canceló $5.801 millones, ya que tal como establece la Ley Orgánica de la SMA, recibió un descuento de 25% por cancelarla dentro de los cinco primeros días hábiles de cursada.

El viernes el Co-Presidente del directorio de la minera canadiense, John L. Thornton, aseveró que "vamos a trabajar muy fuerte para hacer lo que tenemos que hacer y satisfacer a las autoridades chilenas".

Además de la situación con la SMA Pascua Lama enfrenta un proceso judicial ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, que a comienzos de abril ordenó paralizar completamente las obras del proyecto tras acoger la orden de no innovar interpuesta por el abogado de las comunidades indígenas diaguitas del valle del Huasco, Lorenzo Soto.

Las comunidades acusan que la firma está afectando el derecho a la vida debido a que ha perjudicado los glaciares el Toro 1, Toro 2 y Esperanza, y contaminado los recursos hídricos de la zona.