La estación espacial que China instalará en la ciudad de Neuquén, al norte de la Patagonia argentina, ha causado gran controversia. Esta preocupación por el acuerdo de Cristina Kirchner y su par chino Xi Jinping, recae principalmente en un posible uso militar de esa planta en la región.  Es por ello que los legisladores argentinos lo han rechazado, y no sólo ellos, sino que también la comunidad internacional.

Desde EE.UU han visto con malos ojos este acuerdo. Los responsables del área de Defensa de la embajada estadounidense en Buenos Aires trasladaron su inquietud sobre el proyecto de China a varios oficiales en actividad y agentes retirados de las Fuerzas Armadas, unos días antes de que se sancionara el acuerdo en la Cámara de Diputados el pasado 25 de febrero.

Según expresaron a La Nación fuentes de las Fuerzas Armadas, los referentes militares de la embajada norteamericana quisieron conocer en detalle el acuerdo y evaluar si la antena china en Neuquén será de uso dual, es decir, militar y civil. Y  al parecer, los militares argentinos sólo respondieron lo que es público, ya que el Ministerio de Defensa nunca fue consultado para la firma de ese acuerdo con Pekín.

La Unión Europea también ha demostrado su preocupación por el proyecto, según lo consignaron fuentes diplomáticas al diario argentino La Nacion.  La UE cree que existe un posible uso militar de la antena, que estará situada en un predio de 200 hectáreas en la localidad de Bajada del Agrio, y que sólo será monitoreada por personal de Pekín.

Para defender el proyecto en el Congreso, algunos legisladores del gobierno argentino compararon el proyecto de China con la estación que la "UE instaló en Malargüe" en 2012. Ante esto, la delegación de la Unión Europea en la Argentina tuvo que explicar que la estación de Malargüe no tiene fines militares, ya que la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), que está a cargo de la estación de Mendoza, es manejada sólo por civiles y no por militares.

Además la diplomacia europea señaló que el acuerdo de la Argentina con la UE no se hizo en nombre de la "Unión Europea", como dijo el gobierno argentino, sino de la Agencia Espacial Europea, que es un organismo institucionalmente independiente de la UE. También plantearon que el convenio que ellos firmaron con la Argentina es "transparente, tiene todos los detalles técnicos y es de dominio público", según explicó un diplomático europeo.

Esta explicación no es menor si se tiene en cuenta que en el acuerdo de Cristina Fernández y Xi Jinping contempla dos anexos que son "secretos" y que sólo los tienen en sus manos la CLTC de China y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) de la Argentina, organización que usará solo  2 horas y 40 minutos la antena de los chinos.

El acuerdo que firmó Cristina Kirchner con Xi Jinping por la estación de Neuquén prevé que esa planta sea controlada por Satelite Launch and Tracking Control General (CLTC). Pero hay un detalle: esa entidad depende del Departamento General de Armamento y de la Comisión Central Militar del Ejército Popular de Liberación de China.

Por otra parte, se supo que circuló en el ámbito de la diplomacia norteamericana el año pasado un documento reservado escrito por los investigadores Ian Easton y Mark Stokes del Instituto Projecto 2049, donde alerta sobre la instalación de antenas de estudio espacial de China en algunos países y su eventual uso militar. Allí, los académicos sostuvieron que "hay estudios sobre el empleo de sensores espaciales para las operaciones de defensa de alerta temprana y de misiles" por parte de Pekín. El think tank que realizó ese estudio mostró las implicancias de la inteligencia electrónica china para la marina y la fuerza aérea de Estados Unidos.

El embajador de China en la Argentina, Yang Wanming, negó que la estación espacial que instalarán en Neuquén tenga fines militares. "Es un proyecto de tecnología pacífica para explorar el espacio. Esto no tiene nada que ver con un proyecto militar", sostuvo.

La estación espacial de China en Neuquén comenzará a funcionar en 2016 y prevé una exención impositiva por 50 años para Pekín. Pero estos detalles no son los que más preocupan a la diplomacia extranjera.