Silvio Berlusconi, presentó dos demandas judiciales por difamación contra el cotidiano L'Unitá, exigiendo dos millones de euros de indemnización por artículos y comentarios sobre su vida privada, lo que llevó a la dirección del diario a sostener que el premier italiano, "como el fascismo antes de él, quiere cerrar el diario fundado por Antonio Gramsci".
Las dos denuncias, sostuvo L'Unitá, se refieren ante todo "a las críticas formuladas al premier acerca del hecho que no participara en citas internacionales a causa de su participación contemporánea a encuentros con la prostituta Patriza D'Addario".
Por otra parte, "se estima difamatoria la reconstrucción de las relaciones entre los ambientes cercanos al premier y las jerarquías vaticanas, para lograr que éstas tuvieran una actitud indulgente hacia el premier", así como la reconstrucción de las relaciones entre el ente público RAI y Mediaset (holding radiotelevisiva de propiedad de Berlusconi) en oposición a los interes de Rupert Murdoch.
Según la dirección del diario -fundado en 1924 por Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, del que fue el órgano oficial hasta el 1991- las denuncias presentadas en su contra "formalmente apuntan a demostrar que L'Unitá perjudicó la reputación de Berlusconi, pero en la sustancia definen un delito que no prevé nuestro ordenamiento, el de lesa majestad".
La demanda contra L'Unitá no es la primera: el pasado 28 de agosto Berlusconi presentó una demanda judicial por un millón de euros contra el cotidiano romano La Repubblica, por el modo en que había tratado las revelaciones sobre su vida privada, y al día siguientes su abogado anunció que una denuncia será presentada también contra el semanario francés Le Nouvel Observateur.
Dario Franceschini, secretario del Partido Democrático (PD, principal partido de oposición) expresó su solidaridad a L'Unitá y criticó duramente la nueva acción legal del premier, sosteniendo que con ella "sigue desarrollando una estrategia de intimidación", ya que "pedir una indemnización a un diario por sus editoriales es una manera bastante clara de intimidar".
Por su parte, Antonio Di Pietro -ex fiscal anticorrupción y actual líder de Italia de los Valoress (IdV) segunda fuerza de oposición- dijo que las denuncias de Berlusconi demuestran que "como en todas las peores dictaduras, quien no se alinea es castigado".
"De los papeles judiciales al aceite de ricino el paso es breve", agregó Di Pietro, en alusión al aceite vegetal que era usado por las milicias fascistas para humillar públicamente a los opositores capturados por la calle, haciéndoselos beber para causarles diarreas incontrolables.
El sindicato único de los periodistas italianos, la Federación Nacional de la Prensa (FNSI) emitió a su vez un comunicado oficial en el que denunció la "tendencia peligrosa, desestabilizante e inconcebible" que encarna "la nueva iniciativa legal de Berlusconi contra otro diario más, que equivale a un intento de hacer cerrar un cotidiano de la oposición".
"Considerar sustancialmente difamatorios dos números enteros de un diario y pedir por lo tanto indemnizaciones millonarias a editores y periodistas es como intentar hacer morir de hambre al competidor o el adversario", apuntó la FNSI.
La mayoría oficialista, por su parte, acusó a la oposición de exagerar la importancia de las acciones judiciales del premier.
Es así que Enrico Costa, jefe de la bancada del Pueblo de la Libertad (PdL, el partido de la Berlusconi) en la comisión de Justicia de la cámara baja, dijo que las demandas del premier contra la prensa "son acciones que cualquier ciudadanos que se estime difamado puede activar, pidiendo que sea sancionada una conducta ilegítima".
"Estimo que Berlusconi tiene no sólo el derecho sino incluso el deber de tutelar su imagen, ilegítimamente embarrada, a través de una acción judicial. No tiene sentido ponerse a gritar, como hacen los de la izquierda, que se está atentando contra la libertad de prensa", agregó Costa.
