Silvio Berlusconi, presentó dos demandas  judiciales por difamación contra el cotidiano L'Unitá, exigiendo  dos millones de euros de indemnización por artículos y  comentarios sobre su vida privada, lo que llevó a la dirección  del diario a sostener que el premier italiano, "como el fascismo  antes de él, quiere cerrar el diario fundado por Antonio  Gramsci".

Las dos denuncias, sostuvo L'Unitá, se refieren ante todo "a  las críticas formuladas al premier acerca del hecho que no  participara en citas internacionales a causa de su participación  contemporánea a encuentros con la prostituta Patriza D'Addario".

Por otra parte, "se estima difamatoria la reconstrucción de  las relaciones entre los ambientes cercanos al premier y las  jerarquías vaticanas, para lograr que éstas tuvieran una actitud  indulgente hacia el premier", así como la reconstrucción de las  relaciones entre el ente público RAI y Mediaset (holding  radiotelevisiva de propiedad de Berlusconi) en oposición a los  interes de Rupert Murdoch.

Según la dirección del diario -fundado en 1924 por Gramsci,  uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, del que  fue el órgano oficial hasta el 1991- las denuncias presentadas  en su contra "formalmente apuntan a demostrar que L'Unitá  perjudicó la reputación de Berlusconi, pero en la sustancia  definen un delito que no prevé nuestro ordenamiento, el de lesa  majestad".

La demanda contra L'Unitá no es la primera: el pasado 28 de  agosto Berlusconi presentó una demanda judicial por un millón de  euros contra el cotidiano romano La Repubblica, por el modo en  que había tratado las revelaciones sobre su vida privada, y al  día siguientes su abogado anunció que una denuncia será  presentada también contra el semanario francés Le Nouvel  Observateur.

Dario Franceschini, secretario del Partido Democrático (PD,  principal partido de oposición) expresó su solidaridad a L'Unitá  y criticó duramente la nueva acción legal del premier,  sosteniendo que con ella "sigue desarrollando una estrategia de  intimidación", ya que "pedir una indemnización a un diario por  sus editoriales es una manera bastante clara de intimidar".

Por su parte, Antonio Di Pietro -ex fiscal anticorrupción y  actual líder de Italia de los Valoress (IdV) segunda fuerza de  oposición- dijo que las denuncias de Berlusconi demuestran que  "como en todas las peores dictaduras, quien no se alinea es  castigado".

"De los papeles judiciales al aceite de ricino el paso es  breve", agregó Di Pietro, en alusión al aceite vegetal que era  usado por las milicias fascistas para humillar públicamente a  los opositores capturados por la calle, haciéndoselos beber para  causarles diarreas incontrolables.

El sindicato único de los periodistas italianos, la  Federación Nacional de la Prensa (FNSI) emitió a su vez un  comunicado oficial en el que denunció la "tendencia peligrosa,  desestabilizante e inconcebible" que encarna "la nueva  iniciativa legal de Berlusconi contra otro diario más, que  equivale a un intento de hacer cerrar un cotidiano de la  oposición".

"Considerar sustancialmente difamatorios dos números enteros  de un diario y pedir por lo tanto indemnizaciones millonarias a  editores y periodistas es como intentar hacer morir de hambre al  competidor o el adversario", apuntó la FNSI.

La mayoría oficialista, por su parte, acusó a la oposición de  exagerar la importancia de las acciones judiciales del premier.

Es así que Enrico Costa, jefe de la bancada del Pueblo de la  Libertad (PdL, el partido de la Berlusconi) en la comisión de  Justicia de la cámara baja, dijo que las demandas del premier  contra la prensa "son acciones que cualquier ciudadanos que se  estime difamado puede activar, pidiendo que sea sancionada una  conducta ilegítima".

"Estimo que Berlusconi tiene no sólo el derecho sino incluso  el deber de tutelar su imagen, ilegítimamente embarrada, a  través de una acción judicial. No tiene sentido ponerse a  gritar, como hacen los de la izquierda, que se está atentando  contra la libertad de prensa", agregó Costa.