La Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional del Biobío aprobó la semana pasada una propuesta metodológica del Ejecutivo para crear una política pública regional para el desarrollo de la acuicultura en la zona. Dicha iniciativa fue solicitada por los propios consejeros, con el objetivo de contar con bases que puedan respaldar la aprobación o rechazo de las 72 solicitudes para cultivo de salmones en la región.
Según explicó el presidente de la comisión, Ahimalec Benítez, es posible que dentro de ocho meses ya se tenga una política clara para presentar al consejo regional, que incluirá la opinión de todos los sectores que puedan verse afectados.
"Nuestra mayor preocupación es que no haya ningún daño ni ciertos problemas que parecen haber existido en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. La Región del Biobío tiene que ser un ejemplo en el tratamiento de esto. Si estas empresas llegan, tienen que hacerlo con el mínimo daño a las costas", indicó Benítez. De hecho, un grupo de consejeros regionales viajaría a Los Ríos y Los Lagos para recoger antecedentes del impacto que ha tenido el rubro salmonero en esas zonas.
Coronel es una de las comunas donde una sola empresa tiene ya cinco solicitudes en trámite. Los pescadores artesanales de ese sector creen que esta irrupción les traerá más restricciones de acceso al mar y contaminación. "Nuestro país es un paraíso para los inversionistas del salmón, porque la ley medioambiental es muy débil. Las salmoneras hacen lo que quieren en el sur", comentó Pedro Salazar, secretario de la Asociación de Pescadores de Coronel.
El alcalde de la comuna, Boris Chamorro, fue tajante: "Nos parece absurdo que sea el ente regional el que tenga que definir las industrias o los niveles de producción que se generen en la comuna, no importando el impacto que esto implica. Lo que nosotros vamos hacer es una oposición total a la instalación de salmoneras en Coronel, que es una de las comunas más contaminadas del país y, aún así, siguen enviándonos empresas y autorizando entes productivos".
Jorge Urrea, jefe del Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial del gobierno regional, argumentó que "prácticamente todo el borde costero regional, desde Cobquecura hasta Tirúa, está decretado como área apropiada para la acuicultura, excepto algunos lugares donde hay terminales portuarios. Con esta política, lo que buscamos es ver cuáles son los lugares más apropiados para los cultivos, por ejemplo, de salmones. Porque existen sectores donde hay áreas de valor natural, santuarios de la naturaleza y donde, probablemente, no sean convenientes esos sitios".
Un equipo del Instituto de Fomento Pesquero, de la U. de Concepción y la U. Católica de la Santísima Concepción, trabajará en la formulación de esta política, que tendrá un proceso participativo a nivel territorial y del borde costero.
