El ex ministro de Obras Públicas Eduardo Bitran asegura que la nueva ley de concesiones de infraestructura, promulgada la semana pasada por la Presidenta Bachelet, "es la mejor legislación de concesiones que hay en América Latina". No obstante, estima que aún está incompleta, pues falta la superintendencia del ramo.
Más allá de este punto, Bitran cree que hay un gran avance respecto de la legislación vigente, pues obliga al Estado a repensar cómo se formulan los proyectos y a establecer estándares de servicio a los cuales se compromete el concesionario. Este enfoque, añade, da más espacio para que el concesionario defina cómo obtiene los niveles de servicios requeridos.
En el antiguo sistema, detalla, existía el concepto de factores no previstos, lo que daba pie a que cualquier causa externa adversa a la concesión pudiera ser cargada al Fisco. "Eso se sustituye por un elemento en que el Estado compensa cuando exige mayores niveles de servicio, o cuando decide compartir el riesgo, como el geológico o macroeconómico", explica el ex titular del MOP, lo que debe quedar explícito en el contrato. "Antes había una cierta ambigüedad, lo que era nefasto, porque daba origen a muchos conflictos y eventualmente problemas de transparencia", añade.
¿Cuál es el efecto práctico?
Habrá mucho menos incentivo para litigar, porque será más claro cuando hay un derecho de compensación. Cualquier diferencia que exista va a estar sometida a un proceso de un panel de expertos. Estamos generando un grado de objetividad que va a ser siempre favorable para tener menos incertidumbre, tanto para el Estado como para el privado, pero también menos posibilidades de oportunismo por parte de cualquiera.
¿Esto frena las renegociaciones de contratos?
Van a reducirse dramáticamente. No van a desaparecer, porque cuando uno tiene un contrato de largo plazo y estamos en un sistema que es dinámico, es legítimo pensar que uno quiera modificar el estándar de servicio o acomodar algún factor dinámico que no tuvo en cuenta al momento de licitar.
¿Se producirá ahorro para el Estado?
Cuando hay que hacer modificaciones, se establece la obligatoriedad de licitar la construcción. Cuando hay una gran cantidad de renegociaciones de obras adicionales y se asignan sin licitación, el Estado está enfrentando un monopolio ex post, porque tiene un solo oferente. A futuro las modificaciones van a ser menores, y cuando se hagan los precios van a ser más bajos y más justos, porque la compentencia siempre genera costos más bajos.
LOS DESAFIOS
Bitran no cree que la ley genere desincentivos y advierte que en la mayoría de los países de América Latina los concesionarios están haciendo su negocio en las modificaciones posteriores y que Chile no era excepción. "Con esta ley, el negocio va a estar en los términos originales de la concesión y no en las renegociaciones ulteriores", indica.
Con todo, advierte que queda pendiente la reforma institucional, que permitirá cautelar la transparencia del sistema.
"El MOP no puede ser el amo y señor que define todos los elementos centrales de las concesiones. Hoy lo es porque en el Consejo de Concesiones no hay elementos suficientes de independiencia", dice. ¿El riesgo? Que se empujen obras que no necesariamente mejoran el bienestar social. Junto con ello, estima crucial separar los roles de quién da la concesión y quién fiscaliza los contratos. "Es fundamental tener una Superintendencia de Obras Públicas. La reforma es incompleta mientras no se saque la ley", afirma. Bitran enfatiza que también "falta pensar que la Coordinadora de Concesiones tiene que ser una entidad asesora de los servicios y no transformarse en un MOP en sí mismo".
