Bochorno evitable

LA CORTE Suprema, conociendo en segunda instancia de un recurso de protección interpuesto en favor de los presos políticos venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos, ordenó en noviembre pasado al gobierno requerir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin que se constituya en el lugar de prisión, constate la situación de los presos y evacúe un informe a la OEA, para que ésta adopte las medidas de protección necesarias, informándose de ello a la Corte Suprema. Luego de que el Consejo de Defensa del Estado intentó revertir esa decisión por no ajustarse a derecho, la Corte decidió oficiar directamente su requerimiento a CIDH.

Más allá de la realidad del abuso contra sus derechos que sufren los mencionados presos políticos, la CIDH desestimó el requerimiento judicial chileno, aduciendo que es un órgano autónomo de la OEA y que como tal no está sujeto a la jurisdicción de los tribunales nacionales, informando además que se han tomado medidas cautelares en resguardo de dichos presos. Se trata de una respuesta previsible y que deja a nuestro país en una situación incómoda, que supone un bochorno internacional, que era evitable. Al respecto, cabe recordar que la conducción de las relaciones exteriores, incluyendo las organizaciones internacionales, compete por mandato constitucional exclusivamente al Presidente de la República. Por ende, los tribunales chilenos carecían de jurisdicción para pronunciarse.

Luego de este revés, un ministro de la Corte señaló que ella nunca se atribuyó jurisdicción y que si la CIDH estima que ha hecho suficiente, “hasta ahí no más llegamos nosotros”. Esa negación contrasta con los términos imperativos con que se redactó el requerimiento, como asimismo, llama la atención que se sostenga que hay fallos que no estén llamados a tener imperio, que es una característica esencial de toda resolución judicial.