Bolivia se convirtió esta semana en el único país en el mundo que "excepcionalmente" autoriza el trabajo infantil desde los diez años de edad, una tendencia contraria al resto de la región, que hace esfuerzos para eliminar el trabajo de menores.
La "excepción" está contenida en el Código Niño, Niña, Adolescente que acaba de ser promulgado por el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera. El funcionario aseguró que la nueva normativa establece "un equilibrio" entre los convenios internacionales y la realidad boliviana.
Según el texto de la norma, los pequeños podrán trabajar desde los diez años únicamente en tareas de "cuenta propia", es decir, nunca para un empleador y siempre que cuenten con la autorización de las Defensorías de la Niñez, instancias dependientes de las alcaldías.
La representante de la Defensoría del Pueblo de La Paz, Teófila Guarachi, sostuvo que ni el Estado ni las más de 300 municipalidades, existentes en país tienen las capacidades materiales y profesionales para ejercer el control orientado, según el Código, a evitar la explotación infantil.
"Hay varios municipios, especialmente en las áreas rurales, donde no existen instaladas estas oficinas defensoriales que ahora tienen mayores responsabilidades", dijo la funcionaria a dpa. De hecho, la nueva ley concedió un año para que se hagan los ajustes institucionales.
"En conjunto, tenemos una buena ley que protege al niño y a la niña, que articula los sistemas dispersos del Estado, que reconoce derechos y convierte a los niños, niñas y adolescentes en sujetos participantes de sus derechos", afirmó García Linera el día de la promulgación.
Bolivia había ratificado un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fija la edad mínima laboral en 14 años, entre otras normativas internacionales que obligan a erradicar las peores formas de explotación, entre ellas la zafra y la minería.
Según la OIT, en América Latina y el Caribe unos 13 millones de niños forman parte del mercado laboral. En Bolivia sumaron 850.000 pequeños trabajadores en 2008, una cifra que será actualizada este año con un estudio desarrollado por el gobierno boliviano.
El sociólogo y politólogo boliviano Franco Gamboa explicó que instituciones como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Defensoría del Pueblo intentaron convencer a las autoridades del gobierno y del poder legislativo de los riesgos de legalizar el trabajo infantil.
El Código, que remplazará una ley anterior que estuvo vigente durante 15 años, obliga a los empleadores a reconocer todas las prestaciones laborales, sociales y políticas de los niños trabajadores desde los 14 años de edad y fija en seis horas la jornada laboral para los obreros de entre 14 y 17 años de edad.
"La intención es sana, pero se crean condiciones para crear una generación de adultos tempranos que, al contrario de lo que se quiere, incentivará a las familias a enviar a sus hijos al mercado laboral", apuntó Gamboa en un contacto con dpa.
Según Gamboa la norma, debió consignar mayores medidas de protección a los niños por parte del Estado con la asignación de bonos que promuevan la formación escolar. El experto destacó así la existencia de los recursos que actualmente entrega cada año el gobierno boliviano a los estudiantes para respaldar su permanencia en las escuelas.
Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) condenó la nueva ley y destacó que con esta medida Bolivia se convierte en el único país del mundo que autoriza el empleo de niños de tan corta edad. "Creemos que es una medida terrible", señaló a dpa la experta en infancia de HRW, Jo Becker. "Es un retroceso y va en contra de la tendencia mundial".
La nueva ley también endurece las penas de cárcel para las personas que sean responsables de las muertes de niños y facilita la adopción de menores.
Además, el nuevo Código establece que "el o la adolescente (desde los 14 años de edad) que incurra en la comisión de conductas punibles tipificadas como delitos en el Código Penal y en leyes especiales, responderá por el hecho de forma diferenciada del adulto". El diputado Rodolfo Calle dijo que se ha dispuesto un tratamiento especial para los niños que hayan cometido delitos con "sanciones socioeducativas".
