Una comisión oficial de Bolivia solicitó hoy a Estados Unidos por segunda vez la extradición del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), acusado por una represión militar que acabó con 67 muertos, informó desde Washington el fiscal general, Ramiro Guerrero, a la estatal radio Patria Nueva.

Guerrero explicó que presentó la solicitud de extradición para Sánchez de Lozada y de sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, quienes residen en Estados Unidos desde 2003, cuando se produjo una revuelta popular que acabó con su gobierno. 

El fiscal dijo que entregó las solicitudes a la oficina de Justicia del Departamento de Estado y que al momento de realizar el trámite estuvo acompañado por la ministra boliviana de Justicia, Sandra Gutiérrez. Aclaró que no hay plazos fijos para recibir una respuesta y que un equipo de abogados en Estados Unidos estará al pendiente del proceso.

"Nuestro bufete de abogados en Estados Unidos va a ser todo el seguimiento, muy bien acompañado por nuestra Embajada en Washington", explicó la autoridad.

En un primer momento -en septiembre de 2012-, el gobierno de Estados Unidos se negó a extraditar a Sánchez de Lozada (2002-2003), quien fue acusado por ordenar una represión militar que en 2003 acabó con la vida de 67 personas.

Las protestas de ese entonces rechazaban el proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos a través de Chile.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que no existía una sentencia condenatoria contra Sánchez de Lozada, quien no asistió a ninguna sesión del juicio que se celebró entre mayo de 2009 y agosto de 2011, con sentencias de tres años de cárcel para sus ex ministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, quien murió en febrero del año pasado.

La sentencia condenatoria difundida el 30 de agosto de 2011 en la ciudad boliviana de Sucre fijó 15 años de cárcel para los generales Roberto Claros y Juan Veliz, 11 años para José Oswaldo Quiroga y el almirante Luis Alberto Aranda, y diez años para Gonzalo Rocabado. 

El abogado Rogelio Mayta, que representó a familiares de las víctimas, explicó que fueron probados "todos y cada uno de los escenarios de conflicto, muerte, lesión, tortura y menoscabo a los derechos humanos" en el proceso penal.

Hace tres años, Mayta presentó junto a abogados estadounidenses otra demanda civil en una corte de Florida contra Sánchez de Lozada y su ministro Carlos Sánchez Berzaín para el resarcimiento económico a familiares de ocho víctimas en El Alto.

El juez James Cohn, de Fort Lauderdale, cerca de Miami, dio luz verde a la demanda, aunque esta decisión fue apelada luego por el ex presidente boliviano.