La Defensoría Penal Pública solicitó ante el 15 juzgado de Garantía de Santiago, levantar el secreto de la carpeta investigativa sobre los bombazos en Santiago, indagatoria a cargo de la Fiscalía Metropolitana Sur.
El abogado del imputado Juan Flores, Rodrigo Torres, argumentó la solicitud como una medida de ejercer el legítimo derecho a la defensa, pues, "tenemos cierto grado de acceso a la carpeta, pero creemos que el derecho al ejercicio de la defensa no es conocer la carpeta, no es sólo leer lo que dice, sino que podamos realizar nuestras propias pericias, y nuestras propias investigaciones sobre los antecedentes que existen".
"O sea, poder decir 'si acá dice tal cosa, lo corroboro, voy al sitio del suceso', es decir, leer un día no significa ejercer el derecho a la defensa. Quiero tener la copia para trabajar sobre ella como en cualquier otra causa, o si hay secreto no se tiene acceso respecto a algunas partes durante un periodo de tiempo, el resto hay que tener acceso a verla y sacar copia, eso vamos a plantear ese día", explicó Torres.
Para discutir la petición, el juez René Cerda fijó una audiencia que se realizará el próximo 16 de octubre.
En la misma audiencia se discutirá la petición del fiscal metropolitano Sur, Raúl Guzmán, quien pidió autorización al magistrado para dar orden de periciar elementos incautados durante los seis allanamientos que terminaron con la detención de los tres imputados en la causa.
Guzmán indicó que la intención es "acceder a archivos contenidos en soportes electrónicos y teléfonos", para lo que se analizará correos electrónicos, documentos nuevos y antiguas, archivos registrados en "cookies" y tráfico de mensajería, entre otros.
Respecto de las diligencias acogidas hoy por el tribunal, Guzmán aseguró que "estos exámenes tienen por objeto establecer la participación en el caso de los exámenes corporales que se van a efectuar los imputados en los hechos por los cuales se formalizó investigación y también avanzar en el esclarecimiento de otros hechos respecto de los cuales aún no están formalizados".
En cuanto a las pericias siquiátricas y sicológicas, el fiscal manifestó que "cuando nos encontramos frente a figuras de conductas terroristas, existe una motivación que es el ánimo de provocar temor y dentro de los antecedentes que se pueden recabar de estas diligencias es precisamente invocar esta situación e identificar la presencia de patologías que pueda incidir en ello".
El jefe de la defensoría regional Sur, Nicolás Orellana, argumentó que los abogados de los tres imputados se opusieron a estas diligencias, pues, "los exámenes representan una afectación a la dignidad de nuestros defendidos, y no son necesarios, además afecta al derecho de guardar silencio de los imputados".
"El Ministerio Público no tiene antecedentes para hacer estas diligencias", dijo Orellana, y afirmó que "lo que se pretende es conseguir una declaración de los imputados y con eso se vulnera el derecho a guardar silencio".
