En el despacho de la Presidenta Michelle Bachelet, listo para su firma, se encuentra el instructivo que vendrá a ajustar la normativa interna del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a 20 años de su puesta en marcha. Esto, como resultado del trabajo de los miembros de la Comisión Asesora Presidencial de Reforma al sistema, que finalizó con la entrega de un informe a la Mandataria en junio del año pasado.
El documento, al que tuvo acceso La Tercera, contempla una serie de ajustes a la forma en que vienen trabajando los organismos con competencia en la evaluación, además de la propia autoridad ambiental. Una de las modificaciones busca que los servicios públicos fundamenten su votación de mejor manera.
"Los pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental que participen en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, deberán ser adecuadamente fundados y formulados estrictamente dentro de la esfera de sus respectivas competencias", consigna el documento.
Justamente, esta fue una de las principales críticas a la votación del proyecto minero Dominga, rechazado en marzo -decisión refrendada luego por el Comité de Ministros. Esto, pues dos seremis (de Transportes y Energía) rechazaron la inversión sin profundizar en las razones. Más aún, cambiaron su voto respecto de su decisión inicial.
Entre las otras tres medidas que se ejecutarían está que, una vez entre en vigencia el instructivo, los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental (OAECA) no podrán exigir las consultas por pertinencia como condición previa al otorgamiento de cualquier autorización o permiso ambiental. Además, se plantea el uso de la firma digital avanzada obligatoria.
El trabajo de la comisión asesora apuntó a evaluar la gestión y funcionamiento del SEIA, luego de múltiples y variadas prácticas desde su implementación. Esto, luego que en julio del año pasado la Jefa de Estado recibiera las recomendaciones en materia de gestión, reformas reglamentarias y otras de carácter legal.
Visión de privados
¿Cuánto realmente aportarán estos cambios a acelerar la tramitación de los proyectos de inversión? Para Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, "es evidente que este instructivo va en la línea correcta de otorgar mayor certeza y eliminar burocracia. Sin embargo, está lejos de impedir actuaciones discrecionales e incluso arbitrarias de la autoridad. Cuando esta opta por instrumentalizar la institucionalidad con fines distintos a los previstos, políticos en vez de técnicos, como todo indica que fue en el caso Dominga, no hay instructivo que pueda evitarlo". comentó.
En tanto, para Rodrigo Benítez, socio de Jara del Favero Abogados, todo dependerá de la real aplicación que tenga por parte de los servicios sectoriales. "Es de esperar que (este instructivo) ahora que tendrá rango presidencial sea considerado. Es complejo definir plazos, pero ahorrarse una consulta de pertinencia que no tiene sentido puede implicar hasta 5 meses de plazo que hoy se pierde".
"La razón de que sea efectivo, es que trata de eliminar la exigencia de trámites sectoriales innecesarios como las pertinencias, que siendo un instrumento destinado a que un titular tenga claridad de las exigencias de su proyectos, algunos servicios las estaban exigiendo para otorgar permisos sectoriales no asociados a la evaluación ambiental", complementó Luis Cordero, socio de FerradaNehme Abogados.
Mientras que el ex director ejecutivo del SEA, Jorge Troncoso, afirmó que "el instructivo reitera lo que establece el Reglamento del SEIA. No es ninguna novedad. Es una cuestión que siempre ha estado establecido. Todos los pronunciamientos de las entidades públicas deben ser fundados". Desde el Ministerio de Medio Ambiente declinaron entregar comentarios respecto al instructivo, a espera que La Moneda haga público el anuncio.
